Hasta la fecha, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destituido a un total de cinco interventores de la Administración autonómica. Inicialmente, en enero pasado, cesó a la interventora general, María Antonia González Pavón, quien había elaborado informes señalando irregularidades en la adjudicación de contratos de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023. En este caso, el Ejecutivo andaluz aseguró que este cese era por "motivos personales".
Posteriormente, el nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa, nombrado tras la destitución de González Pavón, relevó de sus funciones a cuatro de los ocho jefes de división de la Intervención General de la Junta. Estos ceses, que el Gobierno andaluz ha considerado como normales dentro de reorganizaciones internas rutinarias, han sido interpretados por la oposición como una "purga" dirigida a funcionarios que emitían informes críticos sobre la gestión del Gobierno andaluz.
La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos minimizó esta semana los últimos movimientos producidos en la Intervención General de la Junta de Andalucía, con cuatro ceses, al esgrimir que "ocupaban puestos organizativos de máximo nivel, puestos de libre designación".
Fuentes de este departamento señalaron a Europa Press que "en la Intervención del SAS (Servicio Andaluz de Salud) no se ha producido ningún cambio", objeto de controversia por sus informes sobre el troceo de contratos durante la pandemia y pospandemiam y que ahora están inmersos como parte de una investigación judicial en curso.
La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha comparado las decisiones que han tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el cese de funcionarios. En el primer caso de los funcionarios de Justicia que investigaron a Trump y en el segundo de los interventores de la Junta de Andalucía, para concluir que ambos mandatarios persiguen el mismo propósito "no quieren testigos incómodos". "Se trata de funcionarios públicos cuyo único delito ha sido poner en un papel, en un informe la corrupción sanitaria en el gobierno de Moreno Bonilla", ha incidido.
"La medida que ha tomado Moreno Bonilla es propia de otra cacería política: cargarse la gente que descubre la porquería, le molestan los testigos incómodos y lo que le hace es cargárselos", ha proseguido afirmando sobre la reacción del Gobierno andaluz.
La portavoz socialista ha apelado a que "es grave que se esté investigando el caso de los contratos con tres gerentes del SAS imputados" y ha señalado que la reacción del Gobierno andaluz ante esa investigación judicial ha sido "liquidarse la cúpula de la Intervención General", a la que ha atribuido la denuncia de que "se estaba derivando dinero de la sanidad pública a la privada sin ningún tipo de control, de fiscalización".
Una contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia y pospandemia de coronavirus que ha descrito como el reparto de "1.500 millones de euros en cachitos, que le han dado a dedo a sus amigos de la sanidad privada" y frente a esa práctica "a los funcionarios públicos se los han cargado", para reprochar entonces al Gobierno andaluz que "se niegan a dar explicaciones en este Parlamento" sobre esos cambios en la Intervención General.
El PP-A lamenta que "lo más normal en el mundo" se quiera convertir en "escándalo"
En rueda de prensa esta misma semana, el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, se ha referido especialmente a las "contradicciones" en las que el PSOE-A está cayendo con este tema, puesto que, en los últimos ocho años de gobiernos socialistas, entre 2010 y 2018, hubo "hasta cinco interventores generales en la Junta, o sea, a año y medio por interventor general".
Ha recordado además como la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su etapa como consejera andaluza de Hacienda decía que "no había nada más normal en el mundo que la sustitución de un interventor".
"Esto es un debate vacío", ha recalcado el portavoz del PP-A, quien ha denunciado que la sustitución de un interventor general, que se ha ido a petición propia, por uno nuevo, el PSOE-A utiliza para "traer fango, dudas y bulos" sobre una supuesta relación con los informes sobre los contratos de emergencia del SAS.
Ha dicho, en relación con la denuncia que el PSOE-A llevó a los tribunales sobre ese asunto, que la propia justicia ha acotado "a la actuación con esos contratos de las tres personas que han desempeñado hasta este momento el cargo de gerentes del SAS".
De otro lado, Martín ha defendido que el nuevo interventor general de la Junta quiera decidir su equipo, porque cualquier persona que accede a una nueva responsabilidad creo que "no permite que nadie le imponga o le obligue a mantener a personas dentro de su equipo".
Informe en el Parlamento andaluz
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, comparecerá el miércoles día 5 en el primer Pleno del Parlamento andaluz del año para informar sobre el relevo en la Intervención General de la Junta que se ha producido en este mes de enero.
Concretamente, España comparecerá a petición de los cuatro grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que ha pedido de manera separada que informe sobre el "cese" de la interventora general de la Junta. El Grupo Socialista también suma una petición de comparecencia sobre "diversos ceses en el cuerpo superior y técnico de Intervención y Auditoría" de la Junta.
Así se recoge en el orden del día del primer Pleno del Parlamento del año, que se desarrollará los días 5 y 6 de febrero.
Control interno, previo y financiero
Como se explica en la propia web de la Junta, "la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno, en su doble modalidad de control previo y control financiero, y de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera, de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Asimismo, es el órgano directivo responsable de la planificación y ejecución de las actuaciones de control de supervisión continua".
"A la Intervención General le corresponden las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente, que ejercerá con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades contables y de control", zanja.