La Unidad Central Operativa (UCO) ha enviado un nuevo oficio al Tribunal Supremo en el que señala un error en su informe sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. En el documento, la UCO había afirmado que en 2003 Ábalos adquirió un terreno en Colombia por un valor de 2,1 millones de euros, pero tras realizar un ajuste utilizando un convertidor de divisas online, la cantidad correcta es de 751,23 euros. La confusión surgió debido a una interpretación incorrecta de la moneda utilizada para la compra del inmueble, ya que la UCO asumió que la operación se había realizado en dólares estadounidenses cuando en realidad fue en pesos colombianos.
Este jueves, el informe corregido fue dirigido al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. En el informe original, la UCO había señalado que Ábalos compró un inmueble en Colombia en octubre de 2003 por un valor de 2.137.848,37 euros. El informe también mencionaba que el exministro poseía propiedades en Perú, Valencia y Madrid, así como varios vehículos, incluidos tres coches y una moto. Además, se hacía referencia a la intervención de un disco duro de un exasesor de Ábalos, Koldo García, donde se habían encontrado documentos que indicaban la compra de la propiedad en Colombia.
El informe también mencionaba que, en la misma carpeta digital donde se hallaron los documentos, se encontraron varias fotografías de una vivienda en construcción que se corresponderían con el inmueble adquirido por Ábalos. Las imágenes mostraban una especie de chalet en la fase inicial de su edificación.
Una vez la UCO ha rectificado tan tremendo "error", lo más preocupante de su autoenmienda es el párrafo final en el que manifiesta que atribuirme un bien valorado en "2.137.848 €" "no tiene afectación sustancial en la exposición de mi patrimonio".
— José Luis Ábalos (@abalosmeco) March 20, 2025
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El exministro ya había reaccionado a esta información el miércoles pasado, al asegurar que la cifra presentada por la UCO era incorrecta. Según Ábalos, el inmueble en cuestión fue adquirido por 2,3 millones de pesos colombianos y fue vendido en 2013 por el doble de su valor. En respuesta a la corrección de la UCO, el exministro expresó en la red social 'X' que, a pesar de la rectificación, ya se había producido un daño a su imagen. Ábalos cuestionó si los medios de comunicación que habían difundido la información errónea dedicarían el mismo espacio y tiempo para rectificar y desmentir la noticia.
El error en el informe de la UCO ha puesto de nuevo sobre la mesa las dudas sobre la veracidad de las investigaciones sobre el patrimonio del exministro. A pesar de la corrección oficial, el caso sigue siendo objeto de controversia y ha generado un intenso debate en los medios de comunicación y entre la opinión pública.
La confusión sobre la moneda utilizada en la operación refleja un fallo en la interpretación de los datos durante la investigación. En este tipo de casos, los errores en los detalles pueden tener un impacto significativo, especialmente cuando involucran figuras públicas de alto perfil. La UCO ha reconocido el error y se ha comprometido a subsanarlo, pero el daño a la reputación de Ábalos ya ha sido materializado.
Enfado de Ábalos
Este incidente ha generado una fuerte reacción por parte del exministro, quien ha señalado la importancia de que los medios de comunicación sean responsables al informar sobre temas tan sensibles. La rapidez con la que se difundió la información incorrecta subraya los desafíos a los que se enfrentan tanto las autoridades como los implicados en investigaciones de alto perfil.
La corrección del informe por parte de la UCO también plantea preguntas sobre la calidad y fiabilidad de las investigaciones previas. Las autoridades encargadas de estas investigaciones deben garantizar que los procedimientos sean rigurosos y que los datos sean interpretados de manera correcta antes de que se haga pública cualquier información.
El caso de José Luis Ábalos y la corrección de la UCO no solo pone en evidencia posibles fallos técnicos en la recopilación de información, sino que también reabre el debate sobre la transparencia y la fiabilidad de las investigaciones judiciales en casos de alto perfil político. La sociedad y los medios seguirán observando cómo evoluciona este caso, ya que el error de la UCO ha sido un punto de atención tanto para la justicia como para la opinión pública.
Con este episodio, queda claro que los errores en la interpretación de datos pueden tener consecuencias significativas, especialmente cuando se trata de figuras políticas que están en el centro de la atención pública. En el futuro, se espera que las autoridades investigadoras tomen medidas adicionales para evitar que incidentes como este se repitan.