La juez Beatriz de Biedma ha decidido continuar el procedimiento judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según consta en un auto conocido este lunes y al que ha tenido acceso Servimedia. La magistrada también ha solicitado a las partes que se pronuncien sobre la posible apertura de juicio oral contra Sánchez y otros encausados en la causa.
La resolución, emitida desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, acuerda seguir adelante “por el trámite del procedimiento abreviado” respecto a todos los encausados, salvo en el caso de Alejandro José Cardenal, para quien la juez ha adoptado una decisión distinta.
Procedimiento abreviado contra varios responsables
La instructora mantiene el procedimiento contra David Sánchez, así como contra Miguel Ángel Gallardo, Elisa Moriano, Cristina Núñez, Juana Cinta Calderón, Félix González, Manuel Candalija, Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Luis María Carrero, todos ellos investigados por los presuntos delitos mencionados.
Respecto a David Sánchez, la juez sostiene que, a lo largo de la resolución, se han descrito distintos comportamientos que podrían ser considerados constitutivos de infracción penal. En particular, destaca la existencia de "indicios" que apuntan a un uso de su influencia en la Diputación de Badajoz en beneficio propio.
Entre las conductas atribuidas a Sánchez se encuentra la de haber logrado que las condiciones de su puesto de trabajo fueran adaptadas a sus necesidades personales, como no tener que acudir diariamente a un despacho y poder dedicarse a actividades relacionadas con la ópera.
Contrataciones bajo sospecha
La magistrada también señala que David Sánchez habría actuado para "conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación", de modo que pudiera trabajar directamente con él en su mismo despacho.
Este elemento refuerza los indicios recogidos durante la instrucción, en los que se apunta a un uso irregular de recursos públicos para fines personales, lo que forma parte del núcleo de las acusaciones por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Ahora, será el turno de las partes para posicionarse sobre la apertura de juicio oral, en un procedimiento que sigue acaparando la atención mediática debido a la implicación de un familiar directo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.