Un nuevo frente se le ha abierto a Vox en las últimas horas. La Fiscalía Anticorrupción está investigando al partido de Santiago Abascal por una posible financiación irregular. Estas actuaciones llegan tras una denuncia del PSOE el pasado mes de diciembre, donde los socialistas señalaban que Vox utilizaba métodos para captar fondos de forma opaca y fondos extranjeros de manera ilegal.
La información adelantada por El Independiente y confirmada por la Fiscalía aseguran que el fiscal jefe Alejandro Luzón ha acordado iniciar un procedimiento reservado contra Vox esgrimiendo que hay base para indagar en la supuesta financiación irregular.
El PSOE presentó una denuncia el pasado 13 de diciembre tras haber realizado un análisis "exhaustivo" de la financiación de la formación liderada por Santiago Abascal y concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal.
Según los socialistas, en las mesas informativas que Vox pone en todo el territorio hay una serie de elementos de captación de ingresos a modo de huchas que se sitúan junto al merchandising de la formación "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco".
Una práctica "absolutamente irregular" a juicio del PSOE que podría haber recaudado 5 millones de euros, que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse "las donaciones anónimas y las ventas promocionales".
Préstamos del banco de Orban
En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orban. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.
Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque "no quieren financiarles".