Por primera vez, el Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un escenario inédito hasta el momento. Todo, por un comunicado público, una nota de prensa, emitida por la Fiscalía. El origen de todo ello está en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González.
El relato de hechos es el siguiente. La Fiscalía estaba investigando a González por un presunto fraude a Hacienda de más de 350.000 euros, alegando facturas falsas para reducir el importe a pagar en el impuesto de sociedades en 2020 y 2021. Entre ellos, tres empresarios andaluces habrían ayudado a elaborar estas facturas. A raíz de ello, el periódico El Mundo publicó un mail en el que se reflejaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González para declararse culpable.
Así, se generaba la idea de que la Fiscalía estaba chantajeando a la pareja de Ayuso para atacar a la presidenta madrileña. A esa idea contribuyó el alto cargo Miguel Ángel Rodríguez, un exministro de Aznar hoy en la órbita de Ayuso. Entre otras cosas, Rodríguez acusaría a periodistas de eldiario.es y de El País de acoso para lograr información, asegurando incluso que iban con pasamontañas, algo que se demostró falso.
Sin embargo, en un comunicado, la Fiscalía indicó que esa información era falsa y que era González quien ofrecía pactar por medio de acuerdo, admitiendo dos delitos fiscales a cambio de rebajar la pena. La cuestión es que de esta forma la Fiscalía reconocía la investigación y divulgaba datos personales. Por ello, el fiscal general era denunciado por revelación de secretos.
En cambio, no ha sido por ello por lo que la sala de lo Penal del Supremo ha abierto investigación, ya que entiende que nada de lo que se revelaba en el comunicado de prensa era desconocido públicamente. Lo que se investiga es si la Fiscalía envió a varios medios de comunicación los mails en los que González reconocía los hechos y se ofrecía el pacto. No hay pruebas de que el fiscal general fuera quien los filtró, pero sí que estaban en su poder, lo cual sería un indicio.
La Asociación de Fiscales, de corte conservador, pide la dimisión de García Ortiz como fiscal general: "Que el fiscal general se tenga que defender en un proceso penal y a la vez el Ministerio Fiscal tenga que actuar en defensa de la legalidad, cuestiona ésta última". La Unión Progresista de Fiscales, en cambio, muestra su "total discrepancia" con la decisión del Supremo, mostrando su preocupación por "las presiones" a las que se está sometiendo al Ministerio Fiscal.
El propio fiscal general ha emitido un nuevo comunicado en el que subraya que la situación es "inédita" y que "obliga a realizar una profunda reflexión" en el sector de la Justicia. "El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes", explica García Ortiz.
Asimismo, confirma que continuará en el cargo porque lo valora como "lo menos gravoso y más prudente" para la institución: "En puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española". "La atribución de la condición de investigado al Fiscal General del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".
Por último, señala que este jueves se reunirá con la junta de fiscales de sala y el consejo fiscal para dar sus explicaciones, además de "escuchar cuanto tengan a bien manifestar" desde ambos órganos.
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