El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha rechazado la solicitud planteada por la representación procesal de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo (Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán) en la que se pedía el archivo de la causa por la denuncia del PSOE sobre los contratos de emergencia del SAS. De la misma forma, el juez ha rechazado imponer una fianza de 15.000 euros a cada uno de los 30 diputados del PSOE que firmaron la denuncia.
En una nota, los socialistas han explicado que el viernes recibieron "la comunicación del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el que se niega la pretensión esgrimida por la defensa de los gerentes investigados de que se archivara la presente causa al entender el juez, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, de que faltan importantes diligencias por practicar en la presente investigación".
"Al mismo tiempo, el juez, avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción", ha acordado denegar "los intentos de ampliar la fianza a 15.000 euros por parlamentario, y entiende proporcionado y ajustado a derecho los 5.000 euros impuestos inicialmente al conjunto" de diputados socialistas, han explicado también desde el PSOE-A.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que ha tomado esta decisión responde al escrito que, con fecha del pasado 18 de diciembre, presentó la representación procesal de la gerente del SAS y sus dos predecesores, como "réplica al incierto e injusto relato incriminatorio que se promueve por los querellantes con ocasión de las tramitaciones de emergencia de los contratos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud objeto de estas actuaciones", según se podía leer en dicho documento, al que tuvo acceso Europa Press.
De esta manera, la representación de los exgerentes y la actual gerente del SAS pedía al citado juzgado que, a "la luz de lo expuesto" en su escrito, "se acuerde el archivo de la causa", así como que, "en virtud del artículo 280 de la Lecrim", se requiriera a cada uno de los querellantes a través de su representación procesal en la causa para que prestase cada uno de ellos fianza "por importe de 15.000 euros a fin de responder frente a cada uno de los investigados de las consecuencias económicas del resultado de este proceso".
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