La consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, ha acusado este martes al Gobierno de España de "ataque desproporcionado" tras la retirada de las ayudas para la gratuidad del transporte público a menores de 14 años en la comunidad. El Ejecutivo central justifica la medida por el incumplimiento de la Junta al no atribuir expresamente la financiación al Estado en sus comunicaciones, un requisito establecido en las condiciones de la convocatoria.
La polémica estalló después de que la Junta de Andalucía anunciara la medida sin mencionar el origen estatal de los fondos, incluso en su página web oficial. El Ministerio de Transportes, a través de una carta firmada por el director general de Estrategias de Movilidad, Miguel Álvarez Martínez, consideró que esta omisión vulneraba el "principio de lealtad institucional". El ministro Óscar Puente reforzó esta postura en redes sociales, subrayando: "La gratuidad hasta los 14 años la sufraga el Gobierno de España, no la Junta de Andalucía".
La respuesta andaluza: amenaza de acciones legales
Rocío Díaz calificó la decisión como "injusta, arbitraria y caprichosa", anunciando que la Junta no solo recurrirá administrativamente la medida, sino que estudia acciones penales contra el ministro. "Andalucía debe ser respetada. No vamos a tolerar más agravios", declaró, insistiendo en que el Gobierno central "ha traspasado todos los límites" al perjudicar directamente a los jóvenes andaluces.
La retirada de los fondos, ya autorizados pero no transferidos, deja en el aire la gratuidad del transporte para este colectivo, una medida emblemática dentro de las políticas de movilidad sostenible y apoyo a las familias. El Ministerio sostiene que la financiación estaba condicionada al reconocimiento expreso de su origen, algo que, según fuentes gubernamentales, otras comunidades autónomas sí han cumplido.
El contexto político
Este enfrentamiento se enmarca en la creciente tensión entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Mientras el Ejecutivo andaluz interpreta la medida como un castigo político, el Ministerio alega rigor técnico y apego a la legalidad. La consejera Díaz insistió en que la Junta "no ocultó" el origen de los fondos, pero priorizó la comunicación del beneficio social sobre su procedencia.
La batalla podría trasladarse ahora a los tribunales, mientras las familias andaluzas esperan claridad sobre el futuro del programa. El conflicto refleja no solo choques institucionales recurrentes en la política española, sino también los desafíos de la coordinación entre administraciones en políticas sociales financiadas con fondos compartidos.
Óscar Puente lo dejó claro en varios mensajes tras el anuncio de la consejera. "En este caso es aún más grave porque el anuncio se hace en la propia web oficial de la Junta de Andalucía, incumpliendo de forma clara la Ley. La gratuidad hasta los 14 años la sufraga el gobierno de España, no la Junta de Andalucía. Esto va a traer cola".
