El Consejo de Gobierno de la Junta celebrado este miércoles nombró a Miguel Ángel Figueroa Teva como nuevo interventor general en la administración andaluza, un cargo sensible porque dirige a los funcionarios que estudian la legalidad del proceder diario del Gobierno andaluz.
Con el nombramiento de Figueroa, queda así destituida María Antonia González Pavón, la interventora general que ha ejercido en esta segunda legislatura de Juanma Moreno en la Junta. Y es la responsable de los informes que apuntan a troceamiento masivo de miles de contratos en el día a día del SAS en 2021, como señalaba una investigación de eldiario.es hace unos meses.
Fuentes de la Junta de Andalucía han explicado que el cese de de González Pavón se debe a su propia decisión y que son "motivos personales". Así, el Gobierno andaluz trata de señalar que en ningún caso ha sido un 'castigo' por las advertencias de la interventora.
La propia consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, en visita oficial al Ayuntamiento de Cádiz, este jueves, aseguraba que "el cese ha sido voluntario y por motivos personales". Cuando se le volvió a preguntar, insistió: "Un cese a petición voluntaria y por razones personales, no puedo añadir nada".
A Miguel Ángel Teva le llega el nombramiento tras pasar por la dirección general de la Agencia IDEA, cargo que ocupaba desde 2022. Teva es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha pasado por varias consejerías como Educación o Salud en administraciones del PSOE.
Los socialistas ya avisaron de que iban a incorporar esta sospechas sobre el troceamiento de contratos en las ocho provincias a la denuncia sobre los contratos prorrogados de la pandemia con las clínicas, que está ahora mismo judicializado y ha propiciado la imputación de la actual gerente del SAS y sus dos predecesores.
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