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La consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dado a conocer que la actual gerente del SAS, Valle García, ya ha pasado por los juzgados antes de ser llamada oficialmente a declarar como investigada, algo que se conoció el pasado viernes. Según el Gobierno andaluz, ha sido la propia dirigente de la sanidad andaluza la que, con un abogado propio y que no está pagado por la administración, la que ha decidido presentarse ante el juez.
García está imputada junto a sus dos predecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, dentro de la querella interpuesta por el PSOE y apoyada por la Fiscalía Anticorrupción sobre los contratos de emergencia firmados con las clínicas privadas. Unos acuerdos que se realizaron, primero, en el marco legal de la pandemia, que permitía a las administraciones contratar con menos requisitos de publicidad, con menor transparencia y mayor agilidad, habida cuenta de la situación excepcional que se vivía. Sin embargo, estos contratos continuaron hasta mayo de 2023, lo cual ya quedaría fuera de ese periodo extraordinario por la crisis sanitaria. El juzgado investiga si la dirección del SAS prevaricó.
"Entendemos que esto es una querella política, un ataque del Partido Socialista a una funcionaria, porque precisamente la gerente del SAS es una médica de reconocido prestigio, la primera mujer gerente del SAS", ha señalado España. "Su carrera la ha forjado a base de esfuerzo y de mucho mérito". Para la portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, la denuncia carece "de rigor" porque "en el año 2024", cuando Valle García llegó a la gerencia del SAS, "no había contratos de emergencia". Por ello, García "está convencida de su inocencia y sin recibir ningún tipo de notificación todavía, ha acudido al juzgado y se ha personado para defender".
Carolina España, portavoz de la Junta, en rueda de prensa este martes.Asimismo, España ha salido al paso de una acusación ampliada por el PSOE públicamente en los últimos días, que habla de contratos de emergencia en el año 2024. "A mí no me consta", ha dicho tajantemente en rueda de prensa la portavoz. Sí ha hablado de documentos de pago de los servicios prestados con anterioridad. "No se pueden llamar adendas a los contratos", en referencia a las acusaciones de los socialistas. "Los contratos de emergencia terminaron en mayo del año 2023, un par de meses antes de que terminara y se diera por finalizada la emergencia sanitaria por parte del Gobierno de España, que creo que fue en julio del año 2023". De esos contratos pagados en 2024, la previsión era de 242 millones "y se han gastado 189 millones", es decir, menos de lo presupuestado, "para poder pagar servicios oncológicos, para poder pagar intervenciones quirúrgicas... Pero no es un contrato adicional". Así, "no se entiende esta denuncia contra la gerente".
Sin embargo, preguntada sobre si la Junta ponía 'la mano en el fuego' por los tres gerentes, tanto la actual como los dos anteriores, España ha dicho lo siguiente: "Yo estoy defendiendo a una persona que en este momento forma parte de la Junta de Andalucía, los demás ya no forman parte. No, no, yo no pongo la mano... No es que no ponga la mano [en el fuego], es que le estoy diciendo que nos extraña una denuncia del PSOE contra una señora que es funcionaria, que no es que esté afiliada al Partido Popular, que es una profesional que lleva muchísimos años de experiencia y por lo tanto nos ha extrañado" la denuncia contra ella. Hay que recordar que fue pública la pérdida de confianza de la Junta con Miguel Ángel Guzmán, quien también fue viceconsejero de Salud, y que trató de saltar desde la actividad pública a Asisa, algo que finalmente se aplazó por la Ley de Incompatibilidades, ya que, entre otras, contrató por al menos 44 millones con la que iba a ser su nueva empresa.
Este lunes, las tres formaciones de izquierdas en el Parlamento, PSOE, Por Andalucía y Adelante, pedían conjuntamente la comparecencia de Juanma Moreno tras el avance de la investigación y la imputación de los tres gerentes nombrados por el PP que ha tenido el SAS. España ha insistido en que "esos contratos de emergencia tienen el informe de los letrados del SAS. Y en cualquier caso, estamos tranquilos, estamos colaborando con la Justicia", y que, "en cualquier caso", deberá ser "el Parlamento el que decida y apruebe esa comparecencia o no". Por otra parte, la portavoz no ha aclarado su la Junta va a personarse en la causa, pues aún no hay decisión.
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