Arrojar luz sobre la llamada administración paralela de la Junta de Andalucía era uno de los principales compromisos de legislatura que habían firmado Partido Popular y Ciudadanos con Vox. Tanto en el acuerdo de investidura como en los tres Presupuestos autonómicos aprobados hasta el momento había alguna mención explícita a este tema. Este martes, tras varios meses de impaciencia y presión del socio parlamentario del Gobierno andaluz, se han conocido los primeros datos de las 54 auditorías externas realizadas al sector público instrumental.
“Muchos se preguntaban que para qué se creaba una Consejería de Regeneración. Pues para esto”, ha sentenciado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que ha sido el encargado de desvelar algunos detalles. Los resultados completos estarán disponibles en el Portal de Transparencia en los próximos días. En total se podrán consultar más de 6.000 folios que aclararán la situación de la administración pública andaluza.
Desproporción, poca operatividad, duplicidades y gastos superfluos son las principales denuncias que ha realizado el actual Gobierno andaluz sobre un entramado amasado en décadas de gobiernos socialistas, y que “ponen de manifiesto que teníamos razón”, ha afirmado Marín sobre los resultados. Entre las cuestiones hechas públicas en rueda de prensa en San Telmo destacan algunos datos sobre el personal laboral. Según el Ejecutivo andaluz, las auditorías realizadas por seis empresas distintas señalan hasta un total de 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales, y diferencias de hasta 30.000 euros en puestos de trabajo que realizaban la misma función.
El vicepresidente de la Junta ha dado a conocer que los informes muestran la existencia de sobresueldos en el sector público durante la etapa socialista debido a complementos que se otorgaban por nombre o afinidad, los cuales situaban los salarios en cantidades por encima de las del mercado. “Estamos hablando de cuestiones que, al menos, son completamente deshonestas”. El propio Marín, que también es el responsable de la Consejería de Regeneración, ha destacado que actualmente para recibir pluses y bonificaciones es necesario el visto bueno de los técnicos con un informe favorable.
A modo de ejemplo, el Ejecutivo ha incidido en el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que ha calificado como “refugio laboral”. En concreto, los informes muestran que el 70% de los demandantes de empleo en Andalucía no recibió ninguna oferta en 2018 y que el SAE sólo gestionó 12 de cada 1.000 contrataciones.
El Gobierno andaluz ha lamentado que en estos momentos haya 22 letrados de la Junta de Andalucía exclusivamente dedicados a temas de corrupción “con un coste que ni nos atrevemos a cuantificar”. Por otro lado, el líder de Ciudadanos, que ha llevado la voz cantante pese a que ha sido la Consejería de Hacienda la encargada de seguir el procedimiento de las auditorías, se ha colgado la medalla de llevar denunciándolo muchos años, “pero no se podía demostrar, ahora se constata”.
Futuro incierto de muchos 'chiringuitos'
No está claro el futuro de muchas de estas entidades. Desde la Junta se habla de extinciones o fusiones como la de Andalucía Trade, que se concretará en las próximas semanas, según el portavoz, Elías Bendodo. Esto hace que muchos puestos de trabajo queden en el aire. Pese a que Juan Marín ha recalcado en varias ocasiones que no les va a temblar el pulso si hay que despedir a gente.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha sido bastante más prudente “sólo con los fondos Next Generation y los recursos que van a llegar a Andalucía nos llevan a utilizar a esas personas para ayudar”. Además, Bravo ha señalado que el 50% de la plantilla de la Junta de Andalucía se jubilará antes de 2030, un hecho que ayudará a la reducción de la administración.
Sin embargo, no hay un plazo para la corrección de todas las irregularidades que en el día de hoy ha denunciado la Junta, “si lo queremos hacer bien, que no cueste el dinero, con precisión y con criterio es preferible ir despacio e ir cumpliendo”, ha declarado Bravo, antes de comprometerse a regular el acceso y las retribuciones y complementos. El titular de Hacienda teme que la precipitación suponga un coste añadido por las consecuencias fiscales que puedan tener determinadas decisiones. “Hay casos en los que no se va a poder actuar”, ha reconocido el político del PP.
Por su parte, Juan Marín, siguiendo esta línea ha declarado que lo importante no es el tiempo, sino el resultado “los tiempos son los que marcan los contratos y la propia ley”. Además, ha anunciado que Ciudadanos y Partido Popular van a proponer una comisión de trabajo para evaluar los resultados de las auditorías. Aunque se insiste en que no habrá adelanto electoral, parece que lo que queda de legislatura no será suficiente para cumplir los objetivos marcados por la coalición, “no todo se va a poder racionalizar en la legislatura” asumen desde el Gobierno.