La Consejería de Fomento ha asegurado a lavozdelsur.es que la coincidencia de fechas (29 de noviembre de 2021) de la adjudicación directa de dos obras de emergencia a Juan Veas Pérez SLU y a la empresa de su hija, Barveal SL, ambas radicadas en Jerez, se deben a un error en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. En realidad, han documentado, los contratos se adjudicaron el 29 de octubre (a Juan Veas Pérez) y el 29 de noviembre de 2021.
La empresa de Veas Pérez obtuvo un contrato de 1,3 millones para reparar la A-2220 en Arcos, mientras que Barveal recibió sendas adjudicaciones de emergencia para la A-390 entre Medina y Chiclana, por 1,18 millones, y en enero de este año, otro contrato directo de 2.890.000 euros para reparar ocho kilómetros de la A-480 entre Sanlúcar y Jerez. En total, ambas empresas han obtenido por estos tres contratos más de 5,3 millones, si bien Veas Pérez, en declaraciones a la SER, ha negado toda vinculación con la empresa de su hija.
Desde la Junta también han querido dejar claro, en declaraciones a este periódico, que la Ley permite subcontratar "unidades de obra", pese a que las fichas públicas de todas estas adjudicaciones de emergencia figura que estos contratos "no se pueden subcontratar".
"En realidad, se podían haber contratado de forma directa, pero se ha invitado entre siete y nueve empresas para ver la mejor oferta, se han baremado las ofertas, se han quitado las bajas temerarias, y no ha habido nada raro en el procedimiento. Han hecho la obra, la han hecho bien, en tiempo y en plazo; tienen su sede social, su CNAE, y todo como otra empresa cualquiera", confirman las mismas fuentes.
Como ya publicó este medio, Barveal depositó unas cuentas en el mismo año de los contratos con la Junta que no arrojaban pérdidas y en las que se reflejaba una media de 24 empleados, por lo que Fomento asegura que no había razones para desconfiar de esta sociedad.
"Los contratos de emergencia de la Consejeria de Fomento —abundan las mismas fuentes— son más garantistas que las exigencias determinadas en la Ley de Contratos del Sector Público; es decir, cumplen sus requisitos y muchos más, ya que no se realizan a dedo (sin embargo, la ley lo permite pero no lo hacemos), se invitan entre 8 y 10 empresas (que tampoco es necesario), se establecen criterios de adjudicación (que tampoco es necesario), se limitan las ofertas temerarias para evitar adjudicar obras que no se terminen (que tampoco es necesario) y se suelen invitar a empresas de la zona, de ahí que algunas sean empresas pequeñas".
"No hay ninguna irregularidad en la contratación. La obra se ha hecho en tiempo y forma. Y no es necesario que una empresa esté inscrita en el Registro de Licitadores para poder ejecutar una obra de emergencia", han zanjado.
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