La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, rechazó ayer el anuncio realizado por el Gobierno de expropiar y derruir el hotel del Algarrobico, en pleno parque natural del Cabo de Gata. Un proceso que costará siete millones, según se señaló este martes en Moncloa. Pero que necesita a la Junta para desescombrar la zona posteriormente, según un protocolo de 2011 que saca a la palestra ahora el Ejecutivo central.
Desde el primer momento, cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que se iniciarían los trámites para la demolición de este símbolo del ladrillo sin control en zonas protegidas, la líder de los socialistas andaluces ya apeló a la "lealtad" entre administraciones.
Y la Junta responde que precisamente está faltando lealtad para realizar estas tareas. La Junta no ve clara la vía de la expropiación y recuerda que ya el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rechazó esta idea.
Desde 2016, la Junta no ha ejercido el derecho que le reconoció el Supremo para retractar la licencia. El problema es que si se expropia, "es susceptible de recurso y se puede judicializar de forma eterna". Carolina España retó al Gobierno y a María Jesús Montero a que les digan "el día y la hora en el que van a aparecer las excavadoras". De hecho, en la reunión mantenida con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, asegura la Junta que se habló de revocar licencias y no de un proceso como la expropiación.
En Carboneras gobierna Ciudadanos en coalición con el PP. Pero la Junta ha reprochado que "solo pone excusas" para no cumplir con las últimas sentencias, en la línea de anular la licencia. La Junta es propietaria del 60% del terreno donde se sitúa el hotel, mientras que la restante es competencia del Estado.
De no salir adelante la expropiación y derribo, la otra vía es la de un acuerdo entre todas las partes y que sea la empresa promotora, Azata del Sol.
Pero ese acuerdo no es sencillo, porque la empresa ya anunció que, si se le revoca la licencia, pedirá indemnización al Ayuntamiento de Carboneras, toda vez que fue el concedió la licencia en primera instancia.
Por lo pronto, ni la vía de la expropiación ni la vía del acuerdo para que afronte el coste de demolición la propia empresa parecen sencillas y, si no hay un golpe sobre la mesa, todo apunta a que el Algarrobico podría seguir en pie durante años. Ese golpe sobre la mesa es el que, en principio, pretendía el Gobierno central. Pero el acuerdo entre administraciones se antoja lejano.