"Es un piloto todavía pero lo cuento aquí para que todos lo sepáis: queremos saber qué le preocupa al funcionario público y en qué puesto estaría mejor. Esto significa que todo aquello que tenga puesto en sus perfiles públicos puede ser utilizado para poderle dar el puesto de trabajo al que va a acceder". Es la cara a de lo que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha denominado genoma del funcionario. La cara b ya se vislumbra como una especie de gran hermano en la administración autonómica capaz de monitorizar y rastrear las opiniones particulares y personales de sus empleados públicos. Quien esboza esta iniciativa es Ana María Vielba, secretaria general para la Administración Pública, en una presentación del Anteproyecto de Ley de Función Pública, actualmente en fase de exposición pública.
Comentarios en redes sociales, fotos en Instagram, perfil profesional en Linkedin... todo sería susceptible de ser rastreado por la Junta, aunque fuentes autonómicas ya advierten, tras el revuelo suscitado al conocerse este proyecto basado en la inteligencia artificial, que está muy verde y que, en todo caso, requeriría de permiso previo del empleado público. Parece difícil en todo caso que pueda salir adelante. En el canal del Instituto Andaluz de Administración Pública, Vielba destapa el proyecto, siempre orientado en principio a satisfacer al servidor público y adaptar su puesto a un perfil no solo de formación académica o profesional, sino también acorde a sus intereses personales.
"A lo mejor estoy en Medio Natural, o para tener un puesto de nivel 28 lo único que tenía era la dirección general de Medio Natural. Tú coges mi perfil de Linkedin, coges mi Facebook, y he participado en muchísimos cursos de contratación administrativa, de repente entro en debates continuamente en comentarios de un periódico que tienen que ver con artículos de contratación administrativa... Todo eso, a través de la inteligencia artificial lo vamos a tener en el perfil de cada uno de los funcionarios, por eso lo llamamos genoma del funcionario, y cuando se presente a una plaza tendremos su currículo, su capacitación, su formación y, además, de verdad lo que le interesa y sabe hacer", asegura en la presentación del Anteproyecto de Ley de Función Pública.
"Es algo muy pionero, muy innovador y por ahí va a ir también tanto todo lo que nos da la ley como base legal como lo que estamos haciendo en la Junta de Andalucía"
Los sindicatos, en declaraciones recopiladas por eldiario.es, ya han advertido del dudoso encaje legal de esta iniciativa, pese a lo que asegura la secretaria general —"es algo muy pionero, muy innovador y por ahí va a ir también tanto todo lo que nos da la ley como base legal como lo que estamos haciendo en la Junta de Andalucía"—, e igualmente creen que podría atentar contra los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Asimismo, en el anteproyecto que está actualmente en exposición pública no hay referencia alguna al genoma del funcionario, como puede comprobarse en el documento adjunto.
“Genoma del funcionario es el nuevo invento del Gobierno de Moreno Bonilla. La Secretaria General de Función Pública lo explica. Información en redes sociales de funcionarios se utilizará para otorgar puestos en la Junta. ¿Van a espiar los perfiles de los funcionarios?", ha cuestionado ya en Twitter el parlamentario andaluz del PSOE-A, Francisco Conejo.
En febrero pasado, la Junta anunció que para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Función Pública se constituyeron cinco grupos de trabajo con representantes de la Administración andaluza y de las organizaciones sindicales, con el compromiso de contribuir, a través del diálogo social, a avanzar en el desarrollo legal de la función pública de Andalucía. Como destacó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, el Consejo de Gobierno dio luz verde a un texto que es "fruto del diálogo y del trabajo y que se ha desarrollado con el objetivo común de mejorar y actualizar el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración".
El Gobierno andaluz de PP y Cs ha presentado esta norma 36 años después de que se aprobara la ley anterior y 14 años después de que se haya aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, mientras en Andalucía continúa vigente una ley reguladora de la función pública que data de 1985. El objetivo, se asegura, es "lograr un empleo público de calidad, cualificado, profesionalizado y eficiente, así como también comprometido con la realidad social y con la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en una Administración del siglo XXI".