Era un secreto a voces y la Junta de Andalucía había avisado en las semanas anteriores. Sin embargo, no ha sido hasta este martes cuando el Gobierno de Juanma Gobierno ha aprobado comenzar los trámites para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Amnistía que hace tan solo unos días el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente.
Desde que los diferentes grupos parlamentarios registraron el texto inicial, el Ejecutivo andaluz ha hablado públicamente de su intención de recurrir esta norma. No obstante, diferentes consejeros aplazaban la decisión final hasta que se conociera el texto el texto definitivo. Desde la pasada semana la Ley de Amnistía es una realidad y tan solo falta su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que sea efectiva.
🔴 El Gobierno andaluz inicia los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que, a nuestro juicio, vulnera principios constitucionales.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 4, 2024
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Todas las comunidades que gobierna el Partido Popular han mostrado sus intenciones de acudir al Constitucional por esta ley. También alguna socialista, como el caso de Castilla-La Mancha. Andalucía ha sido la primera en iniciar formalmente los procedimientos. Concretamente el departamento encargado de poner en marcha el mecanismo es la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa que dirige Antonio Sanz. Es decir, el equipo jurídico de la Junta de Andalucía ya está manos a la obra para registrar el recurso en el plazo legal que existe: tres meses desde su publicación en el BOE.
Sanz ha manifestado ante los medios la postura del Gobierno andaluz. "No es una ley buena ni institucionalmente, ni económicamente. No garantiza la igualdad entre los españoles y tampoco la integridad territorial. Va en la línea opuesta al proyecto común que es España", ha asegurado el responsable de iniciar los trámites para el recurso en el Constitucional.
Los responsables andaluces han insistido en que esta idea no es nueva y que ya habían mostrado sus intenciones de ser contundentes en respuesta a una ley que consideran "cesión al independentismo para mantener el poder". En esta línea, desde la Junta defienden que es una norma que "perjudica a nuestra comunidad autónoma".
El Gobierno andaluz, aunque reconoce la capacidad de las Cortes Generales para realizar leyes, esgrime que esta en concreta vulnera cinco normas o principios constitucionales. "La potestad legislativa está sujeta a límites y no puede ser una reforma encubierta de la Constitución", explican en el Ejecutivo de Juanma Moreno sobre las razones del recursos.
En estos cinco principios, la Junta de Andalucía considera que la amnistía vulnera la separación de poderes ya que el legislativo, en este caso las Cortes Generales, se inmiscuye en procesos judiciales que ni siquiera han finalizado. Además, uno de los temas en los que más insiste el Gobierno andaluz es que la norma rompe la igualdad ante la ley de todos los españoles. Sanz considera que "por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable".
El Consejo de Gobierno de @AndaluciaJunta inicia los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) June 4, 2024
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El resto de principios constitucionales que el Gobierno andaluz ve vulnerados son el de seguridad jurídica por "definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican"; el de la tutela judicial efectiva ya que la norma "perjudica a los poderes públicos" por la amnistía de delitos de malversación y a "los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad" por daños personales o patrimoniales durante los hechos. Por último, la Junta considera que esta medida sólo tiene como objetivo servir a intereses políticos.
Sanz ha aclarado que es una medida puesta en marcha por el Ejecutivo andaluz por iniciativa propia "para la defensa de los andaluces". En esta línea, la Junta de Andalucía ha recordado que no puede pedir la suspensión cautelar de la ley mediante este procedimiento, aunque hay otras instancias en la que sí es una posibilidad. "Nosotros podemos recurrir en la única vía que tenemos".
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