El Consejo de Gobierno ha emitido este martes un posicionamiento "negativo" a la proposición de ley registrada por el grupo Por Andalucía para reforzar la obligación de exclusión de altos cargos en situación de incompatibilidad en empresas licitadoras de contratos públicos, tras el caso del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán. Así lo ha explicado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, en comparecencia posterior a dicho consejo.
Fernández-Pacheco ha explicado que, para el Gobierno andaluz, dicha proposición de ley "puede invadir competencias que no son propias de la Junta", y "no soluciona el problema". No obstante, sí ha reconocido que el sistema de incompatibilidades actual "adolece de muchas carencias", y para ello hay "una serie de medidas en las que ya está trabajando el Gobierno", y que esas medidas serán la "hoja de ruta" que sigan desde la Junta de Andalucía.
El portavoz se ha referido a lo anunciado este mismo mes de abril por el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, cuando apuntó, respecto a la ley, que hay que "clarificarla más" y hacer "más transparente" el procedimiento por el cual una persona que procede del sector privado vuelve al mismo. Además, en una sesión de control el 11 de abril en el Parlamento andaluz, el presidente también declaró que el caso de Miguel Ángel Guzmán "nos ha revelado que la actual ley tiene carencias". Se refirió así a la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.
La propuesta de Por Andalucía, según lo explicado por la propia formación a principios de este mes, pretendía "reforzar" la protección legal ante "las puertas giratorias". Para ello, planteaba recuperar la redacción original del artículo 9 de dicha ley, que fue modificado "vía decreto" por el Gobierno de Moreno Bonilla. El mencionado artículo, antes de la modificación, establecía que "una empresa que aspiraba a ser adjudicataria" de un contrato debía certificar, desde su órgano de dirección o administración, "que no contaba con ninguna persona que pudiera estar incumpliendo la ley de incompatibilidades". Después de la modificación, solo se requiere, según explicaba en ese momento Por Andalucía, una "declaración responsable" de una persona en representación de la empresa.
Fernández-Pacheco no ha aclarado este martes las medidas concretas en las que está trabajando el Gobierno, pero sí ha reconocido dichas carencias, como también hizo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.
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