La Junta se ha visto obligada a anular un total de 21 convocatorias de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino realizadas durante el año 2020 tras un sinfín de sentencias judiciales en las que recrimina a la administración el procedimiento de selección. La elección de los candidatos de los candidatos se basaba en el orden de llegada de correos electrónico sin ningún tipo de control. La Junta, para ello se escudó en que estaba en el "marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID".
En total se citan 50 setencias en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que obligan a la consejería de Presidencia y Administración Pública, que dirige Elías Bendodo, a rectificar y a anular todos estos procedimientos y, por lo tanto, que los trabajadores que accedieron a los distintos puestos pierdan todos los derechos que les fueron otorgados cuando consiguieron una plaza de funcionario interino. Según publica el periódico El Mundo la Junta de Andalucía asegura que todos los que fueron contratados ya no trabajan para la administración porque el periodo de tiempo estaba limitado en las convocatorias.
En las sentencias se establece que los procedimientos elegidos fueron contrarios a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen cualquier proceso selectivo de la administración pública. En algunas sentencias, los jueces establecieron que se trataba de "un sistema de selección que tenga su único fundamento en el orden de llegada de solicitudes, o sea de forma cronológica, vulnera el derecho de igualdad ante la Ley, junto con los principios de mérito y capacidad y los de igualdad y no discriminación".
La responsable de todo el proceso y encargada de publicar su anulación en el BOJA ha sido la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Silvia Márquez García. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se le preguntó a Elías Bendodo sobre esta cuestión y sobre si la responsable de esta 'chapuza' sería destituida. Sin embargo, Bendodo aseguró que el Gobierno andaluz hace todo lo posible por cumplir la ley y "cumplimos la ley a rajatabla, como no podía ser de otra manera" aunque también manifestó el respeto y el acatamiento de las sentencias judiciales.
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