Las aulas prefabricadas en los centros de educación, como alternativa a los problemas de espacio y la falta de inversiones públicas, fueron uno de los grandes caballos de batalla del PP en la oposición durante la pasada legislatura autonómica, cuando la socialista Susana Díaz ostentaba la presidencia de la Junta de Andalucía. Con el cambio de Gobierno hace ya año y medio, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, que llamaba "barracones" a estos módulos y tildaba estas políticas de "chabolismo escolar", no solo ha reducido mínimamente el número de estas aulas prefabricadas, sino que según las previsiones de la Consejería de Educación parece que irá a más.
El pasado 12 de mayo salía a licitación pública el contrato para el alquiler con opción a compra de "edificios modulares prefabricados de uso escolar en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte". Una licitación que se distribuirá en un mínimo de 40 módulos prefabricados, según recoge el pliego hecho público por el Gobierno andaluz de PP y Cs en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, a cambio de algo más de 5 millones de euros.
Memoria Justificativa del contrato para alquilar con opción de compra aulas prefabricadas
"La necesidad de espacios docentes derivados de incrementos de escolarización en el curso 2020-21 y las actuaciones de construcción incluidas en los distintos programas de la Consejería de Educación y Deporte durante ese período, así como cualesquiera otras necesidades sobrevenidas que requieran de una atención de la comunidad educativa en espacios distintos a los originales de su código-centro, hace imprescindible la contratación de la instalación llave en mano de aularios prefabricados para garantizar la adecuada escolarización del alumnado en centros públicos dependientes de la Consejería", expone la memoria justificativa de la licitación.
Los edificios, "modulables, reutilizables, de alta eficiencia energética, confortables y de configuración única", estarán constituidos por dos aulas de más de 50 metros cuadrados útiles, dos aseos, vestíbulo y porche de protección frente a inclemencias meteorológicas en puerta de entrada, reza el pliego de prescripciones técnicas, al que ha accedido lavozdelsur.es. Con estos parámetros, y a tenor de la licitación mínima de construcción de estos módulos, Educación pretende cubrir unas 80 aulas con este sistema por todo el territorio andaluz.
Croquis de las aulas prefabricadas.
Curiosamente, días después de salir a concurso esta contratación, y preguntado sobre la próxima vuelta a las aulas tras la pandemia, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), aseguraba que "no es viable" rebajar la ratio por clases para mantener las distancias de seguridad entre pupitres, por lo que no parece que este contrato de suministro esté vinculado con medidas extraordinarias ligadas a la crisis por el coronavirus. De hecho, los pliegos están fechados en febrero pasado y el plazo de ejecución de estas aulas prefabricadas sería de 36 meses "a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato y en su caso al de autorización del inicio del suministro, que se realizará en un plazo máximo de dos meses desde la citada formalización del contrato. Por otro lado, el plazo de entrega máximo para cada petición parcial será de 20 días hábiles".
El último dato publicado por la Consejería cifra en 450 aulas de este tipo y 11.000 alumnos afectados en la comunidad autonómica. En mayo del año pasado, Imbroda, en una sesión de control parlamentaria, mantenía: "Desde que soy consejero, he visitado colegios en los que parecía que entraba en la España de los años 40 y otros en los que los niños están en barracones como en un campamento militar en Afganistán". 11.000 alumnos en "barracones, caracolas, o como se diga", añadía el consejero de Cs.
En marzo de ese mismo año, más osado aún, el líder nacional del PP, Pablo Casado, en un acto con el presidente Moreno, aseguraba que éste "ya ha acabado con los barracones para las escuelas". Nada más lejos de la realidad si se revisa un expediente de licitación que impulsa la Agencia Pública de Educación, en manos del director general nombrado por Imbroda cuya pareja se hizo viral por anunciar en un vídeo que debía "remodelar su despacho". Los centros públicos de la comunidad, por tanto, verán incrementadas sus aulas prefabricadas, una actuación de la que abominaba el PP cuando era el PSOE la que la acometía. Una de dos, o era una solución temporal no tan mala, o el Gobierno andaluz del cambio está cambiando más bien poco en la región.
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