El Parlamento andaluz dio luz verde el pasado 24 de julio a un aumento de las retribuciones a los diputados electos de Andalucía y a su personal funcionario por al menos un 2% y hasta un 2,5%, que tendrá efecto retroactivo desde enero de 2024.
En un acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlamento, se ha aplicado, después de más de un lustro, una subida de los emolumentos que cobran los diputados. Actualmente, los dirigentes cobran unos 3.300 euros mensuales como parlamentarios rasos, a los que se suman ciertos complementos, dependiendo de circunstancias personales, sus cargas familiares, por ejemplo, al estilo de las diferencias en el IRPF de cualquier ciudadano, aunque aquí aplicadas también a esos complementos, que también reconocen la distancia desde su lugar de elección hasta Sevilla.
La subida de este salario mensual aprobado por la Mesa del Parlamento llegaba en paralelo a las declaraciones del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que en rueda de prensa de finalización del curso político, el pasado 26 de julio, indicaba que a los diputados andaluces les costaba "llegar a fin de mes".
Entre otras cosas, el Parlamento le reconoce a los electos en la Cámara unos sueldos que les permitan ejercer su actividad y, a la vez, desplazarse hasta la sede parlamentaria, en Sevilla. Por ejemplo, para un parlamentario elegido por la circunscripción almeriense, debe realizar viajes de más kilómetros para llevar a cabo su actividad política.
La cuestión, por la que ha sido criticado el Parlamento desde Vox y desde Adelante, es que este salario final de un diputado andaluz está varias veces por encima del SMI, el Salario Mínimo Interprofesional.
La aprobación de este 2,5% va en paralelo a la subida a los funcionarios de un 2% a nivel estatal y al que se acogen el resto de administraciones con acuerdos como el celebrado por la Mesa del Parlamento, que también ha subido emolumentos a sus propios funcionarios y de organismos que dependen de la Cámara, como es el caso de la Oficina contra el Fraude.