La reorganización de la Junta de Andalucía anunciada esta semana por Juanma Moreno supone que muchos consejeros tendrán que familiarizarse con sus nuevas competencias, pero también que la sociedad civil y las organizaciones del sector deberán que tantear a sus nuevos interlocutores. La comunidad educativa tendrá que conocer a Carmen Castillo mientras que la sanitaria hará lo propio con Rosario Hernández.
Sin embargo, entre tantas modificaciones, las competencias de Memoria Histórica y Democrática también han cambiado de manos pese a que este área no estaba presente en el nombre de las consejerías. Juanma Moreno, en el inicio de la legislatura, decidió encuadrar este departamento dentro de Turismo, Cultura y Deporte, una consejería que de por sí era amplia.
Durante estos dos años, Arturo Bernal ha sido el encargado de liderar las políticas de Memoria Histórica y Democrática. Una gestión de la que la Junta ha sacado pecho por el número de represaliados identificados en este periodo, pero que al mismo tiempo ha despertado grandes críticas de la oposición y de asociaciones memorialistas.
La Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) recientemente reivindicó "no dejar morir la Memoria". Su presidente, José Esteban Garrido, denunció que en "siete años de vigencia que tiene la Ley, una Ley que fue aprobada sin ningún voto en contra pero cuyos contenidos y mandatos no se están cumpliendo". La ley se aprobó en 2018, poco antes de que el Gobierno de la Junta de Andalucía pasar a manos del Partido Popular.
En la reestructuración, el presidente de la Junta ha decidido que las competencias en materia de Memoria pasen a manos de Patricia del Pozo, nueva consejera de Cultura y Deporte, lo que en realidad supone que este área no cambia de departamento. Del Pozo ya fue la encargada de ejecutar estas políticas en la pasada legislatura, aunque también acumuló críticas.
Uno de los apartados más polémicos de la Junta con esta materia se conoció recientemente al hacerse públicos los datos del Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022. Unos datos que dio a conocer Arturo Bernal recientemente en el Consejo de Gobierno, pero que hacen referencia a la etapa de Del Pozo al frente de la Consejería.
En dicho Plan, la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar más de la mitad del presupuesto establecido para la Memoria Histórica. De los 9.492.000 euros establecidos, el Gobierno andaluz tan solo movilizó 4.517.943,92. Sobre esta cuestión, la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) ha denunciado que el Gobierno de España con sus aportaciones ha salvado el plan.
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