La modificación del permiso de lactancia que entró en vigor el 21 de diciembre, que permite los trabajadores puedan disfrutar de este permiso hasta un total de 28 días acumulados, en vez de disfrutarlo media hora al día, decae tras ser tumbado el decreto ley de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
La caída de este decreto impulsado por el Gobierno de España, tras la negativa de Podemos, UPN, PP y Vox, supone también que no se aumente la cuantía del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, de 480 a 570 euros al mes —al considerar los morados que supondría una merma en su futura pensión, al bajar del 125 al 100% la cotización—, que no se elimine el mes de espera entre la prestación y el subsidio, que no se pueda compatibilizar un empleo y cobrar parte del subsidio o que no se llegue a nuevos colectivos —menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios—.
En cuanto al permiso de lactancia, el decreto buscaba cambiar algunas cuestiones. En la actualidad, el derecho a ausentarse por la lactancia quedaba condicionado a las previsiones de la negociación colectiva o al acuerdo al que llegase la persona con la empresa.
Con la pretendida modificación del artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se eliminaban estas restricciones, "convirtiendo todas las posibilidades de disfrute, incluida la acumulación de las horas retribuidas de ausencia, en un derecho de todas las personas trabajadoras".
"En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses", recogía el Gobierno en el texto, finalmente no aprobado.
La idea era que quien ejerciera este derecho, por su voluntad, pudiera sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. "La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora", señalaba el texto.
Los motivos del 'no' de Podemos
La caída de este decreto, no apoyado por PP, Vox, UPN y Podemos, supone la pérdida de estos derechos, que deberán ser renegociados por el Ejecutivo, si quiere sacarlos adelante en un futuro.
La formación morada, que lidera Ione Belarra, ya advirtió durante toda la jornada, y en las previas, de que no iba a apoyar el decreto por la rebaja del 125% al 100% la base mínima de cotización, lo que entiende como un "recorte" en las pensiones de los mayores de 52 años beneficiarios del subsidio por desempleo.
Desde Trabajo alegan que la subida hasta el 125% de la cotización fue un "parche para compensar" la pérdida de cotización de cara a la jubilación que existía antes de 2018. Ahora entienden que "se garantiza una cotización suficiente", porque desde entonces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha subido un 47% desde entonces.
Noemí Santana, diputada de Podemos, defiende el no de los morados, que busca no "dejar en la estacada" a los parados de más de 52 años. "El Gobierno no ha tenido voluntad de negociar", asegura, añadiendo que "son un Gobierno en minoría que no escucha a sindicatos y pensionistas".
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