La causa contra Begoña Gómez, que se encuentra en fase de instrucción, deparaba este martes la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo desde La Moncloa, grabada en vídeo y en presencia el juez Juan Carlos Peinado, instructor. Una comparecencia que ha generado dudas desde el punto de vista jurídico.
La razón es que el presidente del Gobierno tiene derecho, según las leyes procesales españolas, a declarar por escrito y no tener que hacerlo ni acudiendo al juzgado ni, como ha ocurrido, desde la sede de la Presidencia, el palacio de La Moncloa.
Legalmente, el juez Peinado ha considerado que se le llamaba a declarar en tanto pareja de una persona bajo investigación, Begoña Gómez. Sin embargo, la pregunta está en cómo se le llama a declarar como 'pareja de' y no como presidente si precisamente lo que se investiga es si Gómez empleó los contactos de Pedro Sánchez como presidente para ser favorecida en su actividad privada, y si empleó un tráfico de influencias para favorecer a una empresa que colaboraba en su cátedra de la Universidad Complutense.
Por todo ello, Sánchez ha dado orden a la Abogacía del Estado para iniciar una querella, tras producirse efectivamente esa declaración, donde se ha acogido al derecho a no declarar. Se había planteado incluso que sí lo hiciera, y ya avisó por carta su desacuerdo con no emplear el derecho a declarar por escrito, después de que el juzgado le remitiera las preguntas.
La cuestión es si Peinado ha forzado el derecho y sus facultades como juez para que se produjera este martes la declaración en La Moncloa. De hecho, está por ver si acabará imputando a Pedro Sánchez como posible autor de un delito de tráfico de influencias.
Pero la causa podría decaer también tras la querella, o pasar a otro juez, si prospera la denuncia de Sánchez. La idea es que, al forzar esta declaración, se incurre en una posible prevaricación, que es el nombre que se emplea cuando un funcionario toma una decisión injusta aún a sabiendas de que lo es. Si jurídicamente se demostrase ese término, que hacer declarar a Pedro Sánchez no era legal y que además el juez sabía que no lo era, el juez sería condenado por prevaricación.
Uno de los casos más sonados de la historia democrática en España similar a este es el de la expulsión del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial. Se le inhabilitó en 2012 tras interceptar comunicaciones a los acusados del caso Gürtel, y cerca estuvo de la condena por asumir las competencias para asumir la causa de desaparecidos durante la Guerra Civil.
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