El juicio contra las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel por el importe de más de 355.000 euros en 2004 ha comenzado este lunes con la exposición de las cuestiones previas, trámite en el que la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano ha solicitado la suspensión de la vista oral hasta que el Tribunal Supremo acuerde si reabre la causa contra la exalcaldesa María José García Pelayo, a lo que se han adherido algunas defensas.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de abril al juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata que volviese a investigar a la exregidora al encontrar nuevos indicios contra ella. El escrito lo registró tras recibir una denuncia de Isabel Jordán, que se enfrenta a siete años y nueve meses por los hechos que han comenzado a juzgarse.
García Pelayo fue elegida en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, por lo que seguirá estando aforada por su condición de diputada. Por ello, el PSOE valenciano ha registrado un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre si la exalcaldesa volverá a ser encausada o no por las adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa en relación a la Feria de Turismo Internacional (Fitur) en 2004, según ha comunicado la abogada de la acusación popular.
En este sentido, la letrada ha pedido al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presidido por la magistrada María José Rodríguez Duplá, que suspenda la vista oral hasta que el alto tribunal tome una decisión al respecto. A su entender, el hecho de que las nueve personas que se sientan a partir de este lunes en el banquillo de los acusados hasta, previsiblemente, el mes de septiembre sean juzgadas en un momento diferente al que podría serlo García Pelayo, podría provocar "sentencias contradictorias".
Suspensión hasta despejar la situación procesal de Pelayo
Al menos "hasta que se despeje la situación procesal" de la exalcaldesa, ha pedido el letrado Gustavo Galán, que defiende a Jordán, que se dejen sin efecto las sesiones de este juicio, al igual que lo había solicitado anteriormente Miguel Durán, abogado del del 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo. También se ha manifestado en esta línea la defensa de Lourdes Montenegro, empleada de Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad gaditana, que ha afirmado en su turno que "habría que ver donde se juzga a la señora Garcia Pelayo para ver si tenemos que ir todos allí", en referencia al Tribunal Supremo.
Por su parte, las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell consideran que lo procedente sería que la declaración como testigo de la que fuera alcaldesa de Jerez, solicitada por Jordán, se "difiera lo más posible hasta tener la certeza de su estatus procesal".
El Tribunal Supremo, pese a reconocer que existían "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos, acordó en 2016 archivar la causa contra García Pelayo, a quien investigó después de que el juez De la Mata se inhibiese por su entonces condición de aforada, al entender que ésta no tenía por qué saber qué estaba firmando.