Lo que pudo haber acabado con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y finalmente acabó con Pablo Casado como presidente del Partido Popular ha terminado llegando a Andalucía y al Gobierno de PP y Cs en la comunidad. La oposición acusa a la Junta de haberse excedido con un procedimiento de contratación habilitado al principio de la pandemia y que facilitaba los contratos a dedo, sin concurso público.
El Partido Socialista señala que el decreto que facilitaba esta práctica, aprobado por el Gobierno de España durante los primeros meses de la pandemia, fue derogado en mayo de 2021. Pese a ello, la Junta de Andalucía ha continuado apoyándose en dicho decreto para seguir otorgando contratos con menos control, sin publicidad y sin concurso público. Los socialistas aseguran que el Gobierno de Moreno "ha usado de manera intencionada y torticera el mecanismo excepcional de contratación covid para eludir los controles que la ley establece". Además, el principal partido de la oposición añade que se ha contratado "de manera muy sospechosa".
En total son más de 17.400 los contratos que se hicieron por el procedimiento de urgencia durante el año 2020 por un importe de casi 1.000 millones de euros, según un informe de la Cámara de Cuentas. El 90% de estos contratos fueron menores, por lo que el control es aún más laxo. Otra de las denuncias que hace el Partido Socialista es que la provincia donde se otorgaron más contratos fue Málaga, con más de 8.000. Esta es la provincia del presidente, Juan Manuel Moreno, y el portavoz, Elías Bendodo. Hay otras que no pasan de los 450 contratos durante 2020.
Juan Bravo, consejero de Hacienda, ha ofrecido los datos de su consejería. Bravo defiende que todo se puede consultar en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía y que en 2020 fueron un total de 17.444 contratos los que se otorgaron por la vía de emergencia, por valor de 1.104 millones de euros. La cuestión es que el titular de Hacienda también ha reconocido que en 2021 se dieron 4.124 contratos por esta vía. La oposición mantiene que a mitad de ese año decayó la opción de utilizar este procedimiento.
Unidas Podemos, incluso, advierte de que la Junta de Andalucía ha seguido utilizando los procedimientos habilitados durante 2020 hasta marzo de 2022. El diputado Ismael Sánchez catalogó de "barbaridad" este hecho, afirmando que se trata de un procedimiento que "posibilitó el Gobierno central al inicio de la pandemia, cuando no había mascarillas o EPI, pero no a 9 de marzo de 2022". El PSOE asegura que, al menos, hasta febrero de este año se ha continuado utilizando el procedimiento de emergencia.
La Dirección General de Contratación fue tajante en una instrucción sobre esta cuestión: "El órgano de contratación justificará motivadamente las razones excepcionales que obligan a acudir a dicha vía. Dicha motivación en todo caso se hará extensiva a las razones por las cuales la necesidad a satisfacer no puede materializarse mediante los procedimientos o mecanismos ordinarios".
Mario Jiménez, diputado del PSOE, ha anunciado que su partido solicitará todos los contratos de 2020, 2021 y 2022 con las correspondientes certificaciones del Consejo de Gobierno, como exige la ley, para comprobar que se cumplen los requisitos de la convalidación, la inscripción de contratos en el registro de contratos de la Junta, su remisión al portal del contratante y su materialización o ejecución en 30 días.
La investigación de los socialistas pretende aclarar si en Andalucía han podido ocurrir casos como el de la Comunidad de Madrid, donde un familiar de Ayuso fue beneficiado con contratos de este tipo, "hay una utilización arbitraria de recursos públicos sin garantizar la libre concurrencia a la contratación pública", aseguran fuentes del PSOE que añaden que ha podido haber un abuso consciente de los mecanismos de control.
Vox también ha sembrado sus dudas sobre las prácticas del Gobierno andaluz. La diputada Ángela Mulas cree que el debate tendría que haber sido a petición propia del Ejecutivo sobre todo teniendo en cuenta que "ha habido dudas sobre la gestión".
Por su parte, Juan Bravo ha invitado a la oposición a acudir a la Fiscalía si realmente piensan que hay alguna irregularidad en todo lo ocurrido durante la pandemia, aunque asegura que "no van a encontrar nada".
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