Día clave en el Parlamento andaluz tras superar el debate a la totalidad el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la norma urbanística andaluza que sustituirá a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua), aprobada hace casi veinte años por el anterior Gobierno socialista, en la edad dorada del ladrillo. Con el respaldo de los partidos del Gobierno andaluz, PP y Cs, y esta vez sí —a diferencia de lo que ocurrió en mayo pasado—, el sustento de Vox —el PSOE-A finalmente se ha abstenido—, la Cámara autonómica ha rechazado la enmienda a la totalidad de Unidas Podemos, por lo que la nueva ley podrá seguir su tramitación, por urgencia, en la Comisión de Fomento y Ordenación del Territorio, donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) está vendiendo esta nueva norma como su proyecto estrella para la reconstrucción de Andalucía y, en paralelo, la lectura política de lo ocurrido este miércoles en el Parlamento es que, superado este trance, se disipa cualquier viento de anticipo electoral en la comunidad. Más allá de los fuegos fatuos del marketing político, la realidad es que no está clara ni una cosa, ni otra.
Sobre lo segundo, llevar la legislatura definitivamente hasta finales del año que viene, el puntal del Gobierno, Vox, lo tiene claro, “el adelanto puede anunciarse en cualquier momento a la vuelta del verano, esto es independiente”; sobre lo primero, expertos urbanistas, consultados por lavozdelsur.es, entienden que “aun con muy buenas intenciones, y tratándose de una ley urbanística que está hecha desde la Dirección General de Urbanismo de la Junta, con gente muy buena técnicamente hablando, hay mucha incertidumbre sobre lo que realmente pueda agilizar”.
Como ejemplo, aseguran, es “materialmente imposible” que los planeamientos urbanísticos municipales —unos 500 PGOU en el limbo en Andalucía— vayan a pasar de una tramitación que hasta ahora se calculaba en diez-ocho años a solo dos. Es más, adelantan, la nueva ley obliga a contar con dos redacciones de planeamientos: un Plan General municipal —que lo visa la Junta tras determinarse qué es suelo urbano y qué rústico, las clasificaciones se minimizan—, y un plan de ordenación de competencia municipal (eso sí, con informes sectoriales múltiples) circunscrito al suelo urbano ya existente, que no es poco. Pero es que más allá de eso, alertan, “las administraciones sectoriales seguirán teniendo la tajada en la boca: turismo, medio ambiente, aguas, ruido… Hay informes de Medio Ambiente que pasa un año y no han respondido. En Cultura y Patrimonio es una locura, está parado, si llevas algo ahí te pegas un año esperando que te dejen demoler algo que se puede demoler. Sinceramente, no veo cómo van a agilizar todo esto”.
Mucho 'blanqueo' verde
¿Habrá un pelotazo 2.0 al amparo de las políticas de greenwashing —ecoblanqueo, lavado verde, ofrecer una imagen ilusoria de compromiso ambiental—? Las fuentes urbanísticas consultadas son rotundas: “Ni nos creemos lo de la agilización, ni nos creemos lo de la vuelta al pelotazo. Es mucho humo todo”. Sin embargo, las palabras de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), en el Parlamento andaluz hablan de panacea.
“Este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para sacar adelante esta ley siendo conscientes de que de ella depende el futuro de Andalucía. Su aprobación es clave para la recuperación urgente, para el presente más inmediato, pero también para el futuro de Andalucía”, ha dicho con aire trascendental. Igual de grandilocuente, ha mantenido que "frenar de nuevo esta ley es frenar el desarrollo de Andalucía”. El texto, ha abundado, aspira a clarificar el urbanismo andaluz mediante reglas claras y sencillas que contribuyan a agilizar y simplificar los trámites urbanísticos y a reactivar la economía, a la par que se protege el medio ambiente y el entorno”. Muy largo me lo fiáis, diría aquel. Más si cabe, sin ir más lejos, cuando solo hace unos días se conocía la reactivación por la Junta de un proyecto residencial y turístico en Barbate cuatro veces más grande que el pueblo. O cuando hay pendiente la declaración de utilidad pública de un proyecto como La Palmosilla, en suelo rústico protegido, a menos de 1,5 kilómetros de la costa, y en un municipio como Tarifa, con gran escasez de agua para consumo humano.
Tras Carazo, la ponente de la enmienda a la totalidad, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha referido a que la norma urbanística está sustentada en un “modelo anclado en un desarrollismo y una construcción voraz” y defiende una “laxitud inaceptable de controles imprescindibles para garantizar que el desarrollo del urbanismo y ordenación del territorio responda a claves de sostenibilidad ambiental con el legítimo desarrollo de los municipios para generar riqueza y empleo”.
Sobre el discurso de Nieto, una cosa es segura: el texto se ha mantenido inalterable desde mayo pasado, cuando entonces Vox lo bloqueó. Ahora, dos meses después, con el PSOE-A en pleno cambio de guardia, ha estado hasta a punto de obtener el respaldo de los socialistas, que han dicho, a última hora, que no darán “cheques en blanco” e irán haciendo sus aportaciones en la tramitación que arranca ahora.
Es cierto, resaltan los urbanistas, que hay cosas que, si se aplica a rajatabla, se podrán mejorar, como la simplificación de los suelos de nuevo crecimiento en los municipios, que deberán ir aparejados de estudios de viabilidad económica e incluso de costes a futuro para el municipio. Sin embargo, hay otras cuestiones pendientes que no tienen visos de resolverse.
Poca solución a las viviendas ilegales
“Los modelos de ciudades que no pueden crecer o de ciudades que están acotadas por el crecimiento ilegal no tendrán demasiadas soluciones en esta ley, y luego hay miles y miles de viviendas ilegales —solo en Cádiz unas 50.000— a las que tampoco se le da mucha solución, más allá de planes especiales para las que ya están construidas y algunas cuestiones, que no es poco, como obligar a fosas sépticas que no contaminen los acuíferos”.
En todo caso, advierten, “son muchas las cosas que hay ahora que van a seguir igual, y mucho de lo bueno es porque la norma transpone muchas de las cosas que se clarifican ya con la ley del suelo estatal”. De momento, a efectos de propaganda, la Junta da un golpe de mano: consigue vender una renovación de las normas del urbanismo andaluz, calma a inversores y especuladores con proyectos empantanados por las sucesivas anulaciones de grandes planeamientos urbanísticos y, de paso, se lleva de nuevo a Vox al huerto, ese socio tan acostumbrado a las peleas en broma, al más puro estilo Juanito Valderrama y Dolores Abril.
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