Los detalles del asesinato de Manuel García Caparrós el 4 de diciembre de 1977 seguirán sin salir a la luz. PP y PSOE han unido sus votos en la Mesa del Congreso para rechazar una petición de Sumar en la que la coalición pedía consultar de forma íntegra los documentos sobre la investigación que realizó el propio Congreso.
La Cámara Baja ya permitió a IU en 2017 el acceso a esa documentación, pero ocultando los nombres de los implicados que Sumar exigía ahora conocer. Las dos principales formaciones se han basado en un informe jurídico solicitado por la propia Mesa después de que el pasado 4 de diciembre Sumar registrara la petición.
En concreto, todos los diputados andaluces del grupo plurinacional solicitaron a la Mesa del Congreso que desclasificara y permitiera el acceso a toda la documentación sobre este asunto que obre en su poder, y en concreto aquella que se obtuviera en el desarrollo de la investigación abierta en la Cámara, especificando que quería consultar esos documentos "sin anonimizar nombres propios", es decir, sin ocultar la identidad de las personas que aparecen en ellos.
La Mesa solicitó un informe a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, que concluyó que, aún en el caso de que la Mesa levantara el secreto sobre esos papeles, correspondería aplicar la Ley de Patrimonio Histórico Españoles y el decreto de 2011 de regulación del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado.
Y, según esta normativa, los documentos de antigüedad inferior a 50 años que contengan datos de carácter personal sólo pueden consultarse, sin necesidad de conocimiento de sus titulares, tras "la oportuna disociación de los datos de modo que se impida la identificación de las personas afectadas". Además, fuentes parlamentarias argumentan que cualquiera de las personas cuyos nombres aparecen en la investigación que en su día hizo el Congreso podrían denunciar a la Cámara si dan a conocer su identidad.
