Las predicciones de la Aemet sobre la sequía provocan inquietud en el sector y los gobiernos

Según Espadas, "Moreno vuelve al escapismo en una cuestión tan sensible como es el agua". Carmen Crespo, “defraudada” por la reunión con Agricultura, reclama la reprogramación de los fondos Next Generation

La consejera Carmen Crespo, en el centro de la imagen, en la visita este lunes a las obras de conservación, mantenimiento y restauración en el cauce del río Dúrcal, en la provincia de Granada.

¿Qué podía salir mal hoy? Una reunión descafeinada por videoconferencia, sin la presencia del ministro Luis Planas, del grupo de seguimiento de la mesa de la sequía, un informe estremecedor de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) que no pronostica nada bueno para los próximos tres meses y la sensación creciente de que el asunto de la sequía no se ha convertido aún en prioridad máxima para todas las comunidades autónomas y el propio Ejecutivo central.

En su pronóstico estacional, la AEMET adelanta que el próximo otoño de 2022 será más seco y cálido de lo normal, con temperaturas por encima de la media muy probable en toda la península y ligeramente probables en el noroeste peninsular.

AEMET

Una de las primeras voces en alzarse hoy ha sido la de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía Carmen Crespo que ha manifestado sentirse “defraudada” por la reunión de seguimiento celebrada hoy, por lo que reclama una Mesa Nacional de la Sequía “al más alto nivel” para impulsar actuaciones que aporten soluciones.

Simultáneamente el secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentario Juan Espadas reclamaba exactamente lo mismo pero en este caso al presidente de la Junta Juan Manuel Moreno Bonilla.

Espadas reclama la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento para estudiar "medidas urgentes" frente a la sequía. “Moreno Bonilla vuelve al escapismo en una cuestión tan sensible como es el agua: no habla de sus competencias ni de lo que está haciendo. Planteamos la creación de un grupo de trabajo para acordar planes y medidas frente a la sequía” ha afirmado Espadas.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha pedido por su parte “compromiso” al Estado ante la escasez de recursos hídricos que afecta a España y ha apuntado que, con una media de agua embalsada del 26%, Andalucía se encuentra en “una pertinaz sequía que requiere medidas más ágiles y contundentes”.

Entre las reclamaciones de Andalucía, Crespo ha destacado la puesta en marcha de la doble tarifa eléctrica para los regantes, “que le permitiría reducir su factura”; la bajada del IVA de los insumos que afectan a la actividad agraria; la bonificación del agua desalada a 0,30 euros; y la utilización y reprogramación de los fondos Next Generation.

Crespo ya había aventurado que la reunión de hoy se correspondía únicamente con un “seguimiento de las medidas adaptadas en marzo”. Por esta razón, ha reclamado la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político” para impulsar nuevas medidas adicionales encaminadas a hacer frente a la situación actual.

El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En la reunión, a través de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias.

Tras el encuentro por videoconferencia en el Ministerio de Agricultura se reafirman con que se han anticipado a la actual situación climática: “Con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno se anticipó en la aprobación de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, después de la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo. Estas medidas de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios y reflejan el compromiso del Gobierno con el sector agrario, que juega un papel fundamental en la economía nacional”.

Carmen Crespo ha subrayado la necesidad de poner en marcha las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado que aún están pendientes en Andalucía como, por ejemplo, las conducciones de Rules.

Respecto a la actuación del Gobierno andaluz, Crespo ha recalcado que “la Junta ha sido previsora y ha aprobado dos decretos de sequía que reúnen medidas por valor de 141 millones de euros para el 33% del territorio andaluz”, ya que estas planificaciones hacen referencia a las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras) cuya gestión le corresponde al Ejecutivo regional.

“La situación de sequía no espera más y en Andalucía vamos a seguir tomando medidas”, ha afirmado la consejera, que ha apuntado que próximamente se activará una línea de ayudas para respaldar la construcción de abrevaderos para el ganado y se resolverá la última convocatoria de subvenciones relativa a la conexión de las instalaciones de regadío con las depuradoras de las que es posible obtener aguas regeneradas. A esta última iniciativa se destinan 25 millones de euros.

Según el ministerio, en el orden fiscal, los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos -unos 800.000 en el conjunto de España- han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF de 2021.

Complementariamente, el Gobierno estableció reducciones a nivel nacional en la ganadería y el viñedo, "y numerosas rebajas a nivel autonómico, provincial y municipal. Igualmente se redujeron los índices aplicables a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros y el índice aplicable a los cultivos en tierras de regadío que utilicen electricidad".

Otras medidas

En total, la reducción de la base imponible se estima en 1.016 millones de euros.  De cara al ejercicio fiscal del año 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogerá en su informe para Hacienda los efectos de la sequía en este año.

Entre las medidas en vigor cabe destacar también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos. El Gobierno compensa a los ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.

En materia laboral y social, el Gobierno central ha concedido aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido  prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta septiembre de 2022 para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y hasta octubre de 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

El presupuesto de la línea ICO-MAPA-SAECA se ha ampliado en 10 millones de euros, y se elevó a 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta 220 millones de euros aproximadamente.

Esta ayuda consiste, para las explotaciones agrícolas, en la bonificación del 7% del principal de los préstamos, con una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario. En el caso de las explotaciones ganaderas, la bonificación asciende al 10 %. Se financian préstamos de hasta 100.000 euros, con un plazo de hasta 15 años, con periodos de carencia de hasta 3 años, según la duración del préstamo.

Igualmente se incrementó en 2 millones de euros el presupuesto de la línea de subvención de avales de SAECA, con lo que esta línea de apoyo alcanza un importe total de 4,7 millones de euros. El potencial de la línea aumenta así hasta 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.

El Real Decreto-ley 4/2022 también prevé actuaciones sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado y medida urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las que presentan un mayor déficit de reservas debido a la prolongada situación de sequía