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El PSOE-A ha elevado la sospecha sobre la operativa de la Junta de Andalucía en el tiempo posterior a la pandemia de covid, un caso que ya está en los juzgados por los acuerdos en la Consejería de Salud, pero que los socialistas creen que también ocurrió en otras áreas del Ejecutivo andaluz. Todo parte, como es sabido, de cuando el Gobierno central relajó los requisitos para que las administraciones públicas contrataran a dedo. Un marco legal derivado de las necesidades de agilidad por todos los frentes que, repentinamente, desde marzo de 2020, tuvieron que afrontar en cada gobierno.
Ese marco legal decayó en 2021, recuperando legalmente la vigencia de la normativa que impide que las administraciones firmen contratos a dedo. La Junta siguió con los contratos con las clínicas privadas hasta 2023 por unos 300 millones empleando el procedimiento de excepción y emergencia, según relata en su querella el PSOE andaluz. Actualmente, las pesquisas continúan, ahora con la investigación a la que se ha sumado la Fiscalía Anticorrupción, y que ha llamado en calidad de investigados (lo que antes eran imputados) a los dos exgerentes del SAS y a la actual. Ésta última se personó en los juzgados la pasada semana tras conocerse en los medios su imputación.
En la rueda de prensa previa a la comparecencia de la consejera de Salud, Rocío Hernández, en el Parlamento en la tarde de este miércoles, el PSOE ha sido muy crítico con que no sea la portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España. "No sé qué tiene que ocultar", ha señalado la portavoz Ángeles Férriz. La esperada comparecencia no contará con las explicaciones de la responsable de las intervenciones de la Junta, que es la que ha señalado "irregularidades" en el abuso de la contratación menor en el SAS durante 2021, el otro asunto que denuncia el PSOE.
En su intervención, Férriz ha advertido que temen que la contratación de emergencia en Salud se haya producido también en otras consejerías. Esto supondría un nuevo plano, y ha adelantado que están haciendo pesquisas internas en el PSOE, pidiendo documentos a la Junta y al Parlamento para estudiar el proceder de la Junta desde que en 2021 ya no se podían firmar grandes contratos sin garantías. En ese sentido, Férriz ha puesto sobre la mesa el acuerdo con Barbeal, la empresa afincada en Jerez que arregló la carretera de Sanlúcar sin experiencia previa en este tipo de obras, algo "bastante llamativo". Por el momento, no ha presentado documentos ni ha explicitado nada más de esa sospecha.
El portavoz del PP Toni Martín ha respondido en otra rueda de prensa posterior a la socialista. "Hace un año la Fiscalía archivó la denuncia. No había caso", ha dicho sobre Barbeal. Martín ha calificado de "artificial" la denuncia sobre Salud y ha comparado el asunto con la sentencia a la cúpula de UGT, cuando "imperó el descontrol en Andalucía con el dinero de los andaluces, que se manejaba con libre albedrío. Hoy la Andalucía de Juanma Moreno es muy diferente".
Asimismo, respecto a que no comparezca Carolina España este miércoles en el Parlamento sobre los contratos sospechosos del SAS, el dirigente popular ha afeado al PSOE que pretenda imponer "quién" o "cuándo" del Gobierno andaluz debe comparecer. "Tenemos una mayoría y algo tendremos que decir".
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