ERC ha presentado este viernes una serie de enmiendas a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición entre las que propone crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel. Este nueva norma, que aún tiene que pasar por el Congreso y recibir el apoyo de los partidos del Gobierno, podría reducir en tres años la condena de José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta, por, precisamente, malversación al no haber habido enriquecimiento personal.
Sin embargo, el diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha asegurado este mismo viernes en una entrevista en Canal Sur que el PSOE va a asegurar que ninguno de las personas ya condenadas va a verse beneficiado por esta reforma.
En concreto, Esquerra aboga por crear un nuevo artículo 432 bis dentro del Código Penal según el cual "la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años". Esto también tendría consecuencias para los condenados por el procés.
Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para "la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público".
Y ese artículo 252 señala que "serán punibles (...) los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó en 2019 a José Antonio Griñán a diez años de inhabilitación para un cargo público y seis años de prisión por un delito continuado de malversación. Esta sentencia fue ratificada hace unos meses por el Tribunal Supremo con un voto particular de dos magistradas. La familia del ex presidente de la Junta ha pedido el indulto y el Gobierno tendrá que decidir en los próximos meses.
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