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El PSOE quiere abrir de nuevo la posibilidad de una reforma constitucional, enfocada en esta ocasión a consolidar legalmente ciertos derechos sociales. Así lo afirma la Ponencia Marco de su 41 congreso federal, que se celebra desde este viernes en Sevilla, y que es el documento que rige internamente los elementos para el debate en varias comisiones.
La reforma constitucional ha estado a menudo en el horizonte del PSOE. En la última década, ha llegado a incluir el asunto en programas electorales, pero las dificultades para abordarlo son enormes. Existen dos fórmulas para realizar reformas en el texto legal más importante de España. Una es el procedimiento agravado, que requiere que dos tercios de Congreso y Senado aprueben la reforma, tras lo cual se convocan elecciones generales automáticamente, y las nuevas cámaras deben respaldar la reforma de nuevo por dos tercios, un proceso que culmina con un referéndum. Es una reforma que nunca se ha llevado a cabo, pero que solo es necesaria para los artículos más importantes: los que tienen que ver con los derechos fundamentales y con la Jefatura del Estado, es decir, la Corona.
Pero el resto de artículos pueden modificarse por un procedimiento abreviado que requiere mayoría de tres quintas partes del Congreso y del Senado y que no requieren ni disolver las cámaras ni un referéndum. Por esta vía ha habido tres reformas: una en 1992 para permitir, en virtud de las leyes europeas, que los extranjeros pudieran votar en las elecciones municipales; la segunda, en 2011, para blindar el pago de las deudas a través del mecanismo de estabilidad presupuestaria, una exigencia de Alemania y de instituciones europeas para efectuar el rescate económico de los últimos meses del Gobierno de Zapatero durante la crisis; la tercera reforma es de este año, para cambiar en un artículo la expresión "disminuido" por "persona con discapacitada".
La propuesta de reforma que internamente estudia el PSOE incluye varios puntos. En general, se refieren a elementos del estado social, y el objetivo es que, al quedar blindadas en el texto constitucional, no pueda ser incumplida por otros gobiernos en el día en que cambiase el signo político. Por ejemplo, como ha ocurrido en Italia con la llegada de la ultraderecha al poder, donde se ponen hoy en día avances alcanzados por el colectivo LGTBI, entre ellos, la posibilidad de inscripción de hijos.
El primer punto que incluye la agenda socialista es "el derecho al matrimonio entre cónyuges del mismo género, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y la paridad de género como principio rector en las instituciones". En segundo lugar, "situaremos el acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la educación, bloqueando cualquier intento de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los diversos sistemas autonómicos".
El tercer punto de la propuesta de reforma es blindar" titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública". En cuarto lugar, inlcur en la Constitución "el derecho a la seguridad climática y al agua potable, y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible". Para impulsar "la laicidad del Estado, reforzando las políticas de neutralidad religiosa en actos públicos y de representación del Estado", en quinto lugar implicar derogar "el Acuerdo de 1979 sobre asuntos educativos y culturales con la Santa Sede; y alentando el respeto igualitario de todas las opciones religiosas, espirituales y morales de la ciudadanía".
En cualquier caso, hay que recordar que en el último congreso federal, celebrado en Valencia en 2021, también introdujo en la Ponencia Marco la posibilidad de una reforma constitucional enfocada a la vivienda, educación y servicios sociales, además de blindar la subida de pensiones aparejadas al IPC. Asimismo, el PSOE llegó comprometerse internamente a eliminar el aforamiento de diputados y senadores, mayor transparencia para las instituciones del Estado, incluida la Casa Real.