Cinco años después, PP y PSOE han alcanzado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano rector de los jueces y magistrados españoles, acabando así con una anormalidad institucional que se había enquistado en medio del aumento de la tensión de la política española. Ha tenido que ser la mediación de la Comisión Europea la que logre la fotografía del ministro Félix Bolaños, por parte del PSOE, y de Esteban González Pons, por parte del PP, para que un asunto trascendental para la normalidad democrática fructifique.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano recogido en la Constitución que sirve de dirigencia para los propios jueces. Desde cuestiones tan simples como los exámenes para ser juez, hasta las sanciones a jueces por saltarse la Ley a través de su Comisión Disciplinaria. Asimismo, a propuesta del CGPJ se nombran magistrados en el Tribunal Supremo (y lo más importante, su presidente), el Consitucional...
Los mensajes entre Cosidó (PP) y Marchena (magistrado del Procés) congelaron la renovación en 2018, hasta hoy
Históricamente, no solo en España, sino también en otros países, en órganos similares, el poder político representado en las cámaras (Congreso y Senado en España) no ha permanecido al margen del Poder Judicial, lo que da cierta influencia democrático para que no sean los jueces quienes, ellos mismos, se den sus propias normas. Esto está en el origen de la legislación que regula en España el CGPJ y en las sucesivas reformas pactadas por PSOE con UCD, primero, y por el PP después, como los dos grandes partidos de España. El PSOE consideró en los 80 que los jueces, ideológicamente (quizás por sus orígenes, estrato social, económico, etc.), eran conservadores, por lo que no representaban a la mayoría de la sociedad. Un debate que, de hecho, sigue abierto.
Y ello, porque es necesario contar con tres quintas partes de la cámara para sacar adelantes los nombres de los vocales que formarán parte de la mesa del CGPJ. Es decir, una cifra superior a la mayoría normal. La Constitución impedía, así, que un solo partido (salvo que lograse una representación muy alta superior a 3/5 tanto en Congreso como en Senado), pudiera en solitario tomar el control del organismo.
El mandato de los vocales del CGPJ expiró en 2018. Fue el año de la moción de censura a Rajoy, un momento clave en la historia reciente de España. Desde entonces, la política se ha ido agriando cada vez más, tanto en las calles como en la parcela institucional, con posicionamientos irreconciliables en muchos aspectos entre los dos grandes partidos y en las fuerzas con las que comparten espacio. En 2018 había un inicio de acuerdo, pero una filtración en los medios de una conversación entre Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, y del juez Manuel Marchena (que procesó a los líderes del Procés), desveló un pacto para controlar "por la puerta de atrás" la sala que juzgaría a los mandatarios independentistas.
A partir de ahí, intentos de reforma de la Ley para retirar la capacidad del CGPJ de nombrar al miembro que correspondiera del Tribunal Constitucional si estaba en funciones, como era el caso en 2021. Numerosas declaraciones de vocales, miembros de la judicatura, e incluso en algún discurso del Rey, se ha ido pidiendo, con vehemencia a veces y con cordialidad en otras ocasiones, esta renovación que debía implicar necesariamente a los dos grandes partidos.
El acuerdo implica también el nombramiento de un magistrado conservador en el Constitucional
Este año 2024, tras el final del ciclo de elecciones generales y tensa investidura de Pedro Sánchez, comenzaron encuentros en Bruselas -y reuniones y mensajes que no trascendían a los medios- para lograr la renovación de los 20 vocales del Poder Judicial. El acuerdo implica 10 de corte conservador y 10 de corte progresista. Implica también un nombre para que se incorpore al Tribunal Constitucional, a propuesta del PP, así que será conservador. E implica también que el propio pleno del CGPJ elabore una norma, una propuesta, en el que se retire cierto poder a la política para que los jueces y magistrados se autorregulen. Deberá ser el Congreso el que ratifique, enmiende, etc.
González Pons ha asegurado que de no ser por la mediación ofrecida por la Comisión Europea, no habría aceptado el acuerdo con el PSOE. La propia foto de la firma, con la comisaria europea Vera Jourová detrás, así lo ratificaba. Sí se ponen de acuerdo PP y PSOE en que este paco dará a largo plazo mayor independencia a los jueces, algo que realmente le pedía la Unión Europea en informes de 2022 y 2023.
Incluye el acuerdo, en ese sentido, un avance histórico. La presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo recae en la misma persona. Pues a partir de ahora, serán los propios vocales del Poder Judicial los que lo elijan por mayoría, con un mínimo de 12 votos a favor. Es decir, conservadores deberán votar a un presidente progresista, o viceversa. Deberá haber consenso interno en los jueces más allá de adscripciones ideológicas.
Y hay otros detalles arrancados por el PP que salpican a la actualidad. Por ejemplo, que un Fiscal General del Estado no pueda haber sido antes titular de un ministerio. Es decir, que no haya un nuevo caso Dolores Delgado, quien pasó de Justicia a la Fiscalía, algo que, lógicamente, provocó reacciones contrarias tanto entre los jueces y fiscales como en la oposición.