El PSOE se queda solo en el Congreso a dos semanas de las elecciones europeas

Los socialistas han retirado la Ley de Suelo para evitar otra derrota después de que sus socios tumbaran este miércoles la ley de proxenetismo

Pedro Sánchez esta semana en el Congreso.

La legislatura no está siendo sencilla para el Gobierno y, dentro del Gobierno, para el PSOE. En casi un año apenas ha habido avances legislativos. Pero esta semana ha sido especialmente dura para los socialistas, quienes pretendían sacar adelante dos leyes y han terminado sin poder aprobar ninguna. Todo ello horas antes de que comience una nueva campaña electoral, donde todo el mundo tensa la cuerda.

El martes, el PSOE se encontró con el rechazo de Sumar en su ley de proxenetismo. El PP, además, tampoco fue al rescate. La situación fue un claro ejemplo de la fragilidad que tienen tanto el Gobierno como la mayoría parlamentaria. Los socialistas sólo pudieron sumar a la causa al BNG y encontraron los votos en contra de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV, un abanico de partidos muy diverso.

Este jueves el principal partido del Gobierno volvía a la carga con la Ley de Suelo, un clásico legislativo que no suele contar con el visto bueno de la izquierda. Y así ha sido, Sumar ya había anunciado que no iba a apoyar esta norma por lo que el PSOE ha quedado en manos del Partido Popular de Feijóo.

Pese a las presiones de la patronal, los populares no han dudado en evitar un triunfo de los socialistas el día en el que comienza la campaña electoral para las elecciones europeas. Ante la previsible derrota, el PSOE ha decidido retirar del orden del día la aprobación de la norma.

El Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez ha cargado contra el PP por su "falta de sentido de Estado" y por haber "primado sus intereses electoralistas" a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas "para favorecer el desarrollo de vivienda pública".

Además, ha defendido que el proyecto de ley se tramitó "con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad" de la promoción y ampliación del parque público de vivienda, además de servir para "garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos" y ofrecer "más garantías de protección medioambiental" cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030.

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