Una de las cosas que suele repetir Juanma Moreno a la hora de reivindicar que Andalucía tiene un déficit de financiación es que las comunidades autónomas son las responsables económicamente de dos de los tres servicios esenciales que presta un estado: sanidad y educación. El tercero son las pensiones que sí depende directamente de las cuentas del Gobierno de España.
El líder del Partido Popular llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía por un desgaste natural del PSOE tras 37 años en el poder y la mancha de los ERE a sus espaldas. Pero también tras imágenes de movilizaciones masivas por la sanidad pública en la que los sanitarios y los ciudadanos llenaron avenidas por el deterioro de estos servicios.
Desde la oposición, Moreno utilizaba argumentos que ahora se le han vuelto en contra. El líder del Partido Popular recurría a los datos de aumentos de seguros privados para acusar a Susana Díaz de haber privatizado la sanidad por la puerta de atrás. Ahora, tras cinco años de Juanma Moreno en San Telmo, esos datos están en máximos históricos.
En los últimos meses el descontento por el estado de la sanidad ha aumentado, aunque las manifestaciones masivas quedan lejos. Un miembro de la oposición señalaba que quizás no viésemos esas grandes movilizaciones, pero que se estaban produciendo protestas en cada una de las comarcas andaluzas por el estado de sus centros de salud que podrían acabar teniendo el mismo impacto. El cierre de la UCI del Muñoz Cariñanos o la estabilización de 2.000 de los 7.000 sanitarios eventuales han sido las últimas decisiones que han provocado malestar.
La sanidad es el área más recurrente, pero no el único. La comunidad educativa ha comenzado a mostrar su malestar con la huelga celebrada el pasado 14 de mayo. El presidente andaluz defendió que no había motivos para esas movilizaciones y se apoyó en los datos de registro de Séneca para señalar que el seguimiento sólo había sido del 5%. Los docentes niegan que el problema sean los salarios. La comunidad educativa denuncian un aumento de ratios, el cierre de líneas y la falta de infraestructuras y recursos materiales para poder realizar bien su trabajo.
En paralelo está la situación de la dependencia. Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha sido incapaz de agilizar estas ayudas para las personas que más lo necesitan. El tiempo de espera se sitúa en más de 550 días y el Gobierno andaluz ha tenido que aprobar una simplificación administrativa para intentar que esta espera no supere los seis meses.
Son problemas que contrastan con el habitual discurso de consejeros y del propio presidente de la Junta: son los presupuestos más altos de la historia. También los más sociales con dos de cada tres euros destinados a estas políticas. Esto, sin embargo, no evita el descontento que existe en algunos colectivos y que ha provocado la convocatoria de una nueva manifestación el 1 de junio.
Desde la Consejería de Salud señalan a lavozdelsur.es que "Andalucía ha dejado de ser el farolillo rojo de España en la inversión sanitaria por habitante" e inciden en que la comunidad tiene 25.000 sanitarios más que en 2018. Esta cifra se sostiene con lo que aparece en la web del SAS, pero no con los datos que maneja Salud en el apartado de personal de los últimos presupuestos, donde el número de trabajadores se mantiene bastante estable en unos 100.000.
En cualquier caso, la Consejería, a las preguntas de este medio, insiste en que el presupuesto actual es el mayor de la historia con 4.400 millones más que en el último año socialista. Además, el departamento de Catalina García asegura que se han hecho más de 1.800 actuaciones entre reformas, actuaciones y nuevos centros sanitarios y sociaosanitarios y ha habido un aumento en las labores de prevención y de cobertura de vacunas. "¿Nos parece suficiente? No, por eso vamos a seguir trabajando para mejorar la accesibilidad y la asistencia santiaria", responden desde la Consejería.
En una línea similar se expresan desde la Consejería de Desarrollo Educativo tras ser consultada por este medio. Desde el departamento que dirige Patricia del Pozo también se hace referencia a "la mayor inversión de la historia de la Junta con un incremento de 2.500 millones en los últimos cinco años". La defensa de la gestión en este área es similar con los datos de cobertura, personal e infraestructuras. No obstante, el mayor triunfo del que presume Educación es de haber reducido en cinco puntos la tasa de abandono escolar en estos cinco años. "Respetamos las movilizaciones como no puede ser de otra forma, pero no compartimos las razones cuando el sistema educativo público dispone de más presupuestos, recursos humanos y materiales que nunca", asegura el equipo de Del Pozo.
"En los últimos años se ha agravado"
Las reivindicaciones en sanidad y educación son constantes. En este último sector, Ustea denuncia que desde la llegada del Partido Popular al Palacio de San Telmo Andalucía ha perdido 2.000 clases. La Junta suele recurrir al descenso de la natalidad, pero los sindicatos señalan que este problema demográfico no se nota en la concertada. "Vamos a exigir siempre que los presupuestos en educación mejoren cada año y que estos se vean reflejados en la escuela pública, hay que recordar que se están concertando con estos presupuestos unidades de bachillerato que hasta ahora eran privadas", explican desde UGT sobre esta cuestión.
"Los servicios públicos en Andalucía no han sido nunca perfectos. Siempre han estado infrafinanciados, pero en los últimos años se ha agravado", dice Carmen Yuste, portavoz de Ustea. Desde este sindicato apuntan que es "lógico" que cada año sea el mayor presupuesto por la inflación, pero Yuste apunta a "cómo se distribuye".
Galería de fotos | La huelga de la enseñanza pública andaluza, en imágenes
La portavoz del sindicato educativo afirma que es cierto que Educación tiene el mayor presupuesto de la historia, sin embargo señala que una parte muy importante de ese dinero va a empresas privadas con las que se externalizan contratos de PTIS, comedores o empresas tecnológicas que prestan servicio. "Aunque fuera el mayor presupuesto de la historia sin derivar, lo cierto es que hay unos déficits en la educación pública que denuncia toda la comunidad educativa", añade.
Ustea es uno de los promotores de la protesta. "Lo veníamos observando en educación, pero también hemos palpado que el malestar era similar en sanidad, dependencia o servicios municipales. Creemos que es el momento de impulsar una unificación de las luchas sectoriales".
Otra de las organizaciones que va a participar en las protestas por el deterioro de los servicios públicos es Élite Taxi. Quizás, en unas movilizaciones que habitualmente se centran en educación y sanidad puede resultar raro que el sector del taxi esté presente, pero su portavoz, Rafael Baena, lo aclara. "El taxi está considerado servicio público de interés general en la ley de transporte. Vamos en defensa de todos los sectores, pero también el nuestro".
Los taxistas también han vivido sus más y sus menos en los últimos años con la Junta de Andalucía por la regulación de los VTC. "Hay pleitesía a las grandes multinacionales", señala Baena, quien defiende que "el taxi siempre va a seguir existiendo, los que más pierden son los ciudadanos porque los VTC no vienen a prestar un servicio de interés general sino a extraer lo que puedan con trabajadores precarios".
Los taxista denuncian que existe un criterio muy distinto desde la Junta. "El 5% de los taxis tienen que estar adaptados para personas con movilidad reducida. A los VTC les obligan el 5% si tienen más de 100 vehículos pero hay empresas con más en Andalucía que no tienen un solo coche adaptado", afirma.
Uno de los dichos más recurrentes de la política española es que la derecha sabe gestionar. Lo verbalizó el propio José Luis Martínez Almeida con un "seremos fascistas, pero sabemos gestionar". Los datos de las listas de espera, entre otros, han puesto en duda este mensaje. "A pesar de que la Administración andaluza afirma que ha destinado la mayor partida presupuestaria a sanidad y educación, no entendemos, entonces la nefasta gestión y el aumento de privatización de estos servicios", señalan fuentes de la dirección de UGT, un sindicato que participó hace un año en la firma del Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía.
Yuste, sin embargo, no lo cree así. "Están gestionando perfectamente dentro de sus planteamientos ideológicos. Quieren reducir al mínimo el sector público y expandir la colaboración público-privada. Lo aplican conscientemente", asegura.
Los problemas de las negociaciones
Uno de los grandes problemas según la fuentes consultadas es la falta de negociación. Esta misma semana se ha vivido el episodio más sonado con el abandono de la mesa sectorial de sanidad por parte de cuatro de los cinco sindicatos que la componen al considerar que hay incumplimientos recurrentes desde la Consejería. "Hay falta de diálogo", afirma la dirección de UGT.
Ustea está presente en la mesa sectorial de educación. Para la Consejería es obligatorio plantear la normativa en esa mesa, pero en muchas ocasiones no funciona como le gustaría a los presentes. "Lo hacen como un trámite formal. No significa que escuchen las reivindicaciones. La normativa sale como entra, sin cambios", sentencia la portavoz para explicar un problema que parece generalizado en la gestión de la Junta y que ha provocado un malestar al que Moreno no es capaz de ponerle freno, aunque todavía no le ha supuesto desgaste electoral.