Enorme revuelo en el Ayuntamiento de Jerez después de que se haya conocido este miércoles que el gobierno municipal va a presentar ante el Juzgado una denuncia contra dos empleados, una de ellas delegada sindical del CSIF y vinculada con el PP jerezano, por más de 4.500 accesos indebidos durante tres años, y sin relación alguna con el puesto de trabajo, a documentos e información confidencial de particulares en el sistema informático del Consistorio.
Las presiones sindicales de las últimas semanas, como ha confirmado el propio ejecutivo local, han dinamitado la instrucción de la investigación interna y el curso de los expedientes disciplinarios abiertos, por lo que directamente se ha optado por remitir el asunto para que sean los tribunales quienes depuren las responsabilidades por los presuntos delitos en los que se pudiera haber incurrido. Las huellas informáticas que han dejado esta fuga de datos hicieron saltar la alerta en agosto pasado. Desde entonces, el gobierno local ha trabajado para llegar hasta el fondo de un asunto por el que ya hay grupos como IU que han pedido toda la información “ante la máxima gravedad de este robo de datos”.
“Queremos saber qué información se consultó y con qué fin se accedió de forma irregular a esa información. Y queremos tener claro, dado que una de las personas acusadas es miembro del Partido Popular, e presentó a las últimas elecciones por el PP en nuestra ciudad y es persona de confianza de Antonio Saldaña, si existe alguna relación entre el acceso indebido a esas documentos y el Partido Popular de nuestra ciudad y de ser así qué uso se le ha estado dando a esa información”, ha dicho el portavoz municipal Raúl Ruiz-Berdejo, que ha tildado de "sumamente graves" los hechos acontecidos en relación a los accesos indebidos a información sensible del Ayuntamiento y exige "llegar hasta el final para saber con qué objetivo se han robado estos datos".
Otra de las formaciones políticas que ha entrado a valorar este espinoso asunto, a la espera de la comparecencia que ha convocado mañana antes del pleno el líder del PP jerezano, Antonio Saldaña, ha sido Ciudadanos. Su portavoz, Manuel Méndez, no ha puesto sorprendentemente el foco en la gravedad de los hechos, sino en atacar al gobierno local por esta “brecha de seguridad”.
“Si tal y como se ha dado a conocer desde el propio gobierno municipal estos accesos no autorizados vienen realizándose desde 2017, el Ayuntamiento de Jerez no tiene ahora ningún hacker informático sobre el que hacer cargar las culpas”, ha dicho Méndez, olvidando que una de las personas que estuvo accediendo presuntamente de forma indebida al sistema contaba supuestamente, y como ha reseñado el ejecutivo local, con la clave de una persona que sí tenía acceso autorizado.
“¿Qué clase de sistema habría que tener para evitar eso? Esto es una cuestión de mala praxis que hay que denunciar y sobre la que no puede mirarse para otro lado”, han replicado fuentes municipales al hilo de las críticas del representante de la formación naranja, que ha rematado su valoración esperando que “este asunto no tenga consecuencias futuras a través de una actuación de oficio por parte de la Agencia Española de Protección de Datos”. Una actuación de oficio, por cierto, poco probable, puesto que este pasado martes, ha podido saber lavozdelsur.es por las mismas fuentes municipales, la junta de gobierno local aprobó poner en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos los hechos que este miércoles se han hecho públicos.
Con todo, una de las situaciones más llamativas (por no decir surrealista) que se ha producido a lo largo de la tensa jornada ha sido la estupefacción de algunos empleados de los más de 1.600 trabajadores que tiene en nómina el Ayuntamiento sorprendiéndose por el hecho de que la huella digital haya destapado una estrategia de filtrado masivo de datos, en una especie de Wikileaks a la jerezana, cuyas consecuencias laborales y penales aún son imprevisibles. "Ah, ¿pero deja un ordenador deja rastro?", ha llegado a preguntar un trabajador a un compañero del Ayuntamiento.
Hay quien ha olvidado (y directamente desconoce) que los metadatos informáticos de un ordenador municipal propiciaron la reapertura de la pieza jerezana de la Gürtel por los contratos ilegales que ordenó el ala PP del gobierno local de aquel mandato con la trama de Correa en 2004. Ningún político fue condenado por ello, por cierto.
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