El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra bajo investigación por una presunta revelación de secretos relacionada con la filtración de información sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este pasado lunes se conocía que García Ortiz eliminó deliberadamente mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de su dispositivo móvil, lo que ha generado aún más polvareda en este caso.
Unas horas después de que el Tribunal Supremo aceptara investigarle por revelación de secretos, García Ortiz borró todos los datos que almacenaba en los teléfonos empleados en marzo. A las 15.04 horas de aquel día eliminó 5.877 mensajes y dejó sus dos teléfonos vacíos.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se constata que el fiscal general no mantuvo comunicaciones con periodistas en las fechas clave de la supuesta filtración. Sin embargo, el mismo informe señala que gran parte de los mensajes y correos electrónicos fueron eliminados masiva e intencionadamente. García Ortiz ha justificado estas acciones alegando razones de seguridad y cumplimiento de la normativa de protección de datos, debido a la naturaleza sensible de la información manejada en su cargo.
El PP ha criticado estas acciones, sugiriendo que el borrado de mensajes podría indicar una intención de ocultar información. El portavoz del PP, Borja Sémper, afirmó que "quien nada teme, nada borra", insinuando que las acciones de García Ortiz podrían ser indicativas de conductas inapropiadas.
En respuesta a la exposición de sus datos personales y los de uno de sus escoltas en los anexos de un informe de la UCO presentado al Tribunal Supremo, el Ministerio del Interior está evaluando la posibilidad de reforzar la seguridad de García Ortiz. Este informe detallaba llamadas telefónicas y contenía información sensible, como números de teléfono, direcciones postales y documentos de identidad.
El Tribunal Supremo está revisando los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas de García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación con los registros realizados en sus despachos. Estos registros llevaron a la incautación de dispositivos electrónicos, y la Fiscalía ha argumentado que dichas diligencias fueron desproporcionadas e invasivas, careciendo de la motivación necesaria por tratarse de autoridades del Estado.
"Un montaje"
García Ortiz ha negado en repetidas ocasiones haber filtrado información sobre la investigación de González Amador y ha defendido la eliminación regular de datos de su móvil como una práctica estándar para proteger información ultrasensible. Además, ha criticado la negativa a admitir pruebas que considera necesarias para su defensa, sugiriendo que se ha producido un "montaje" para desprestigiar su actuación.
Como se recordará, el caso salta a los juzgados a raíz de un comunicado de la Fiscalía General del Estado para desmentir un bulo que previamente había hecho correr entre los medios el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que intentó hacer creer que la Fiscalía propuso un pacto al novio de Ayuso para regularizar su situación con el Fisco. Fue el abogado de Amador quien ofreció el pacto a la Fiscalía.