El Gobierno andaluz ha negado categóricamente este martes que el SAS haya fraccionado contratos durante 2021 por un valor de 458 millones de euros en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén: "Es rotundamente falso que el SAS haya adjudicado 458 millones en fraude de ley. Ningún informe de auditoría dice eso. Esa idea que están reproduciendo algunos medios parte de un titular engañoso".
La información, adelantada por eldiario.es, habla de cuatro informes de Intervención, uno en cada una de las citadas provincias. La Junta explica que la cifra de 458 millones "corresponde a la suma de todos los contratos menores en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En esas cuatro provincias se hicieron 295.914 contratos menores y los interventores han analizado solamente 573 contratos", es decir, "el 0,19%".
Sí reconoce la Junta que existen "algunas salvedades" de la auditoría, pero "extrapolarlas de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están 'en fraude de ley' es una absoluta falta de rigor".
El contrato menor, insiste la Junta, "es una figura legal válida para contratar y en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos. Esos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis, marcapasos, etc., que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto".
En concreto, el informe habla de que unas obras en un hospital del Campo de Gibraltar, por ejemplo, supusieron hasta 34 contratos menores (cuya cuantía legalmente no puede superar, cada uno, 40.000 euros) para un acumulado en favor de la adjudicación a la misma empresa de 287.000 euros. También, contratos con farmacéuticas, por ejemplo; si bien algunos medicamentos solo pueden ser suministrados por un laboratorio concreto, al no haber alternativas en el mercado si el principio activo no puede ser explotado por terceros, la Intervención rechaza que eso justifique la situación.
En cualquier caso, en todo momento el informe y la información surgida en base a éste señalan que, efectivamente, solo ha sido posible analizar una pequeña porción de la ingente cantidad de contratos, casi 300.000, pues sería inabarcable. Basta, sin embargo, para realizar esta advertencia.
Por su parte, la Junta insiste en que ellos mismos facilitaron "al PSOE 68 informes de auditoría, en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía. Y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el ‘caso Faffe’, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE".
El Gobierno andaluz carga contra los socialistas, achacando "que el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos y emplaza a Juan Espadas a que reflexione y le dé al botón de STOP de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía".
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