El secretario de Estado de Juventud e Infancia: "El primer acceso al porno no puede ser a los 9 años"

Pregunta. ¿Cómo se vive el salto de la política local a la nacional?

Respuesta. Aunque es un cambio importante, sí que es cierto que la política local da una perspectiva mucho más amplia de la política, de lo que es la gestión, la optimización de recursos. En el ministerio, tanto la ministra (Sira Rego) como yo venimos del ámbito municipal, y seguimos pensando que es una de las administraciones más injustamente tratadas. 

"En Izquierda Unida somos especialistas en montar ministerios que no existían"

P. Además se trata de un Ministerio de nueva creación, no sé si imprime un plus de dificultad... 

R. En Izquierda Unida somos especialistas en montar ministerios que no existían. Nos pasó con el Ministerio de Consumo, y ahora con el Ministerio de Juventud e Infancia. Y eso tiene una complicación. Eso sí, tenemos un buen instrumento para configurar el ministerio, que es la existencia previa de una secretaría de Estado. Eso nos permite focalizarnos mucho en el desarrollo normativo y en el desarrollo propio del ministerio.

Obviamente, tenemos retos, porque somos un ministerio que nace con el presupuesto prorrogado, y consolidarse en esas condiciones es muy difícil. Pero creo que acertamos en las líneas que planteamos dentro de esta arquitectura de estructuras administrativas.

P. ¿Por qué se ha tardado tantos años de democracia en tener un ministerio así en este país?

R. Este ministerio tenía que haber sido parte del corpus de ministerios a lo largo de las últimas legislaturas, sobre todo a partir de un hito importante que fue el 15-M. Ahí se vio que los jóvenes estaban demandando una participación importante, que manifestaron su frustración porque los políticos no los representaban. Evidentemente, llega muy tarde este ministerio.

"Llega muy tarde el Ministerio de Juventud e Infancia. Debería existir desde el 15-M"

P. En torno al reparto de menores migrantes ha habido mucho ruido político y mediático. ¿El problema es su procedencia? Tras la guerra de Ucrania las cifras de acogida fueron mayores y no hubo ningún problema. ¿Hablaría de racismo institucional? 

Estamos ante la presencia de 16.000 menores de origen migrante que han llegado sin una red familiar y por lo tanto han migrado solos, que requieren estar en los sistemas de protección, porque ante todo son menores. Nuestros menores tienen que tener un sistema de protección cuando no tienen una red familiar, independientemente de su condición. En comunidades de varios millones de habitantes, como es el caso de Andalucía, la discusión en torno al traslado de 700, 800, 1.000 menores... son números perfectamente asumibles. Y además, lo haremos aprovechando que ya están los sistemas de protección donde les podemos dar proyectos socioeducativos. Para mí, la discusión es absolutamente mezquina, porque efectivamente 65.000 niños ucranianos fueron absorbidos por los sistemas de sanidad, por los sistemas educativos, se les buscó vivienda y no pasó nada. Otra cosa es que se quiera hacer de esto una cuestión ideológica y política, para combatir al Gobierno con estos discursos de odio. 

P. Unos discursos de odio, por otra parte, que calan cada vez más en la sociedad. ¿Diría que España es un país más racista que hace unos años?

R. Yo creo que somos un país que mira con desazón a la infancia vulnerable. Somos solidarios. Pero también hay un discurso, sobre todo ahora, que se focaliza mucho en las redes sociales, que no tiene ningún filtro. Pero los datos son objetivos. Se identifica muchas veces a la migración con las agresiones, pero la mayor parte, por encima del 80% de las agresiones sexuales a menores en este país están protagonizadas en el ámbito de la familia. Si dijéramos de la familia lo mismo que se dice contra la migración, estaríamos en una discusión terrible. Desde el Gobierno queremos acabar con la impunidad que se da en los entornos digitales. Primero, porque es rigurosamente falso, y segundo, porque estamos pegándole una patada bastante fuerte a los derechos humanos cuando toleramos este tipo de cuestiones.

P. Ese racismo se acaba si a la persona en cuestión le da por marcar goles... 

O cuando un extranjero compra un equipo de fútbol, o compra una empresa a través de un fondo de inversión, o cuando compra viviendas en la Costa del Sol... No podemos tener ese doble rasero. Lo que visualizamos es que la inmigración, básicamente, es producto de las políticas que hemos hecho en determinados países. El cuerno de África es el resultado de las políticas de la Unión Europea, fundamentalmente de Francia. La situación migratoria en Libia es fundamentalmente un problema que nosotros también hemos provocado. Somos corresponsables de lo que pasa.

¿Qué tenemos que hacer? No creo que ningún patriota, de los de pulserita con bandera, esté de acuerdo con la extinción de España. Pero que sepa que con esta natalidad vamos a tener un serio problema de futuro si no somos capaces de tener un contingente de gente joven que justifique la existencia en los centros de Atención Primaria, la existencia en líneas educativas en determinados colegios... Ya no lo dice este ministerio, sino incluso un estudio de la revista Forbes, que no es sospechosa de tener simpatía ideológica hacia nosotros.

"La inmigración es producto de las políticas que hemos hecho en determinados países"

P. La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la conocida como Ley Rhodes, ¿en qué se ha traducido? 

R. España es un país muy avanzado en esta materia. Es cierto que queda un desarrollo normativo muy importante, porque implica desde un centro educativo hasta una comunidad autónoma. Después de la aprobación de la ley, queremos que se incluya la violencia vicaria, de la que estos días se habla tanto por el libro de Bretón. Ahora, junto con el Ministerio de Justicia y Presidencia, con el Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública y con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hemos preparado una ley de protección de los menores en los sectores digitales. Es un gran debate de país: ¿A qué edad se le da un móvil a un menor? ¿Cuáles son los riesgos? La autorregulación no funciona, tenemos que tener un marco legislativo. 

P. Es un objetivo muy ambicioso y complicado, sobre todo teniendo enfrente a grandes tecnológicas. ¿Es optimista?

R. A nosotros, como ministerio, nos acusaban de tecnófobicos. Parece que queríamos que los niños volvieran al pizarrín de la escuela franquista. Somos defensores de los derechos de la infancia y siempre decimos que dentro de los catálogos del derecho a la infancia está el derecho al desarrollo tecnológico de su vida. Los derechos digitales están recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es muy transversal, porque no solo son derechos educativos, también tiene que ver con derechos del propio desarrollo, del conocimiento.

Dijimos de hacer la norma y en una segunda fase, sentarnos con el sector tecnológico. Pero es curioso, porque han ido apareciendo muchas campañas de estas empresas tecnológicas, diciendo que tienen controles parentales, sin necesidad de que la ley esté aprobada en el Congreso de los Diputados. Se han dado cuenta de que tenían un deber, pero no lo habían hecho porque nadie les había dicho que tenían que hacerlo. El Gobierno ha conseguido, sin multas millonarias, que el propio sector se vaya dando cuenta de que con los menores tenemos que tener mucha precaución. No puede ser que los primeros accesos a pornografía estén en la horquilla de los 9-11 años, sin ser buscados, porque llegan a través de aplicaciones de juegos o similar.

P. ¿Y las familias, son conscientes del peligro?

R. Cuando surge este problema con un menor empezamos todos a echarnos las culpas cruzadas, pero es una responsabilidad colectiva y cada uno tiene que asumir parte de su responsabilidad. También las familias tienen que tener derecho a educar a sus hijos y el problema es que con los sistemas laborales que estamos teniendo, cada vez es más difícil a los padres acompañar a sus hijos en el proceso educativo. Necesitamos que se den recursos formativos, escuelas de padres y elementos que permitan la capacitación digital de toda la población. Europa ha puesto muchos recursos para formar digitalmente a padres y madres, también a los propios niños, los famosos fondos CODI, pero necesitamos sobre todo que podamos tener tiempo para participar las familias en el desarrollo educativo.

"Creemos en la necesidad de contar con una renta universal por crianza, como ya funciona en muchos países"

P. Otro gran problema: España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de Europa. ¿Qué hace el ministerio para reducirla?

R. Desde el minuto uno, la ministra dijo que faltaba un Pacto de Estado por la erradicación de la Pobreza Infantil, que existen recursos en Europa, como la garantía infantil europea. Creemos en la necesidad de contar con una renta universal por crianza, que ya funciona en muchos países: que el hecho de tener un hijo venga apoyado por parte de la administración pública con una renta que hemos establecido en 200 euros por hijo hasta la mayoría de edad. Otra medida tiene que ver con el impacto de la vivienda sobre las economías familiares. ¿Quién tiene competencias en materia de vivienda? Yo siempre lo he dicho, todas y cada una de las administraciones públicas de este país pueden hacer algo en materia de vivienda.

P. Ese es el principal problema de la juventud: el acceso a la vivienda. ¿Para qué sirve la Ley de vivienda si luego hay comunidades que se declaran insumisas? 

R. Me resulta curioso, porque las comunidades del PP que se declaran insumisas, tienen las mismas propuestas que provocaron la burbuja inmobiliaria con José María Aznar. Nosotros no queremos volver a cometer los mismos errores que provocó el Partido Popular, que es el gran responsable de la desaparición de los parques públicos de vivienda. Hemos puesto en marcha una Ley de vivienda que ha demostrado, como pasa en Cataluña, que el alquiler se puede bajar y que se contienen determinados incrementos de la vivienda. 

P. ¿Sería partidario, por ejemplo, de que la vivienda protegida no deje de serlo, o sea, de que no pase al mercado libre?

R. Es que esa es la base de todo. Los ayuntamientos firmaban convenios urbanísticos donde tenían aprovechamientos lucrativos del 10% y esas viviendas se vendían luego en el mercado libre. Hemos hecho cálculos, y si no hubieran vendido, ciudades de 300.000 habitantes podrían tener parques de 1.000 viviendas públicas, que podrían ser la primera opción de vivienda para los jóvenes. Creemos que esos parques públicos tienen que existir, formar parte del patrimonio de las administraciones públicas y utilizarse con un criterio social.