Las dos caras del Partido Popular. La del moderado Juanma Moreno en Andalucía y la de la radical Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Fue prácticamente un eslógan que los populares aprovecharon desde que llegó a su presidencia Alberto Núñez Feijóo. El objetivo no era otro que asegurar que el PP es capaz de adaptarse a cada uno de los territorios en los que gobierna.
En cualquier caso, salvo en situaciones puntuales, Moreno nunca se ha distanciado de Ayuso. De hecho, el presidente de la Junta ha reconocido en alguna ocasión que le gusta compararse con Madrid — sobre todo en el tema económico — porque supone compararse con los mejores. No obstante, el tejido productivo de la capital es muy diferente.
Sin ese distanciamiento público, que en el apartado mediático se repitieran esas diferencias entre el PP moderado de Moreno y el PP radical de Ayuso suponía un 'plus' para el andaluz de cara a conquistar al electorado de su comunidad autónoma. Andalucía había votado tradicionalmente al PSOE y un perfil como el de la presidenta de Madrid no era lo suficientemente atractivo para este tipo de elector.
Sin embargo, esta semana ha podido ser definitiva para que el propio Moreno haya acabado con su imagen de moderación. Si bien es cierto que cuenta con una holgada mayoría absoluta para los próximos cuatro años, por lo que el desgaste de las medidas conocidas no va a ser palpable a corto plazo, la relevancia de dichas decisiones sí pueden pesar al gobierno del Partido Popular.
Con pocos días de diferencia, Juanma Moreno ha caído en dos de las cosas que se identifican con la derecha y que peor fama tienen: las privatizaciones y la defensa a los ricos. La salida a la luz de unas tarifas para las consultas médicas que abren la puerta a una posible privatización de la Atención Primaria se ha unido al anuncio de creación de dos universidades privadas en la comunidad. A esto hay que sumarle la presentación en el Tribunal Constitucional del recurso contra el 'impuesto a los ricos', un tributo que sólo afectaría a residentes en Andalucía con un patrimonio superior a 3 millones de euros.
La Junta de Andalucía aún está tratando de encontrar la forma de explicar la Orden que está tramitando donde se encuentran tarifas para conciertos en Atención Primaria, algo que nunca había sucedido. El caso fue destapado por Por Andalucía, aunque en septiembre también lo había mencionado el PSOE.
El portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró en rueda de prensa que se trataba de una previsión para que, en caso de que hubiera alguna catástrofeo o pandemia, el Gobierno andaluz no tuviera que depender de los precios fijados por el mercado. El único problema de este argumento es que la orden no define lo que es considerada 'catástrofe' por lo que la evaluación sobre las necesidades del servicio sería algo de decisión aleatoria por parte de la consejería de Salud.
La oposición ha visto en esto una oportunidad para desgastar a la Junta y lo está aprovechando. Las explicaciones del portavoz no han convencido y la consejera, Catalina García, tendrá que comparecer en el Parlamento para someterse al escrutinio del resto de las formaciones. La izquierda pide que aparten esta tramitación ante el temor de que el Servicio Andaluz de Salud cada vez se parezca más al madrileño.
Algo que no parece tener vuelva atrás es la creación de las dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Esto lo anunció la Junta durante la anterior legislatura, aunque todo sufrió un frenazo por la oposición generalizada de los rectores de las universidades públicas. Entre ellos estaba José Carlos Gómez Villamandos, actual consejero de Universidades.
Villamandos insistió en el anuncio en que se había revisado y corregido todo aquello que no convencía — mucho tenía que ver con las garantías de calidad e investigación —. Además, el ex rector de la UCO, también aseguró que la Junta vigilaría mucho estas cuestiones.
Pero nada de ello ha convencido a los nueve rectores públicos. Nada más conocerse la aprobación de los anteproyectos, emitieron un comunicado mostrando las mismas dudas que habían señalado hace unos meses. A esto se le suma que en diciembre, el propio Juan Marín desde el Consejo Económico y Social también cuestionaba la calidad que podían ofrecer estos centros.
A diferencia de Madrid, donde el número de universidades privadas es mayor al de las públicas, en Andalucía tan sólo una empresa privada había entrado en un sistema universitario donde hay hasta nueve públicas.: la Ignacio de Loyola. Ahora, con estas dos, la situación puede empezar a cambiar.
Lo referente a la educación y a la sanidad no ha sido lo único en lo que Andalucía ha querido parecerse a Madrid esta semana. También ha habido una fuerte defensa a las grandes fortunas por el llamado 'impuesto a los ricos' que oficialmente es 'impuesto de solidaridad'.
Un tributo que lanzó el Gobierno de España para hacer frente a la ola de bonificaciones en el impuesto de Patrimonio que habían comenzado los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Este nuevo gravamen únicamente va a afectar a los residentes con patrimonios superiores a 3 millones de euros. Según los datos de la consejería de Hacienda, alrededor de 1.000 residentes en Andalucía se verán afectados.
Sin embargo, lo que se esgrime desde la Junta de Andalucía no es el tema económico, sino el tema competencial. Desde el Ejecutivo andaluz consideran un ataque frontal a la autonomía esta medida del Gobierno de España.
No obstante, Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, ha anunciado que el Gobierno de Juanma Moreno está estudiando medidas a favor de los afectados por el impuesto. "Lo estamos estudiando, lo que pasa es que tenemos el Presupuesto recién aprobado. Pero lo estamos estudiando de cara al próximo Presupuesto", dijo la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio cuando le preguntaron si la Junta piensa "contraatacar" el impuesto a grandes fortunas aprobado por la Moncloa.
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