Eva Bravo Barco, jerezana y licenciada en Derecho, acumula 24 años con carné socialista, pero no fue hasta junio de 2019 cuando estrenó un cargo político como diputada por Cádiz en el Congreso de los Diputados. La empresa municipal de vivienda de Jerez, Emuvijesa, la fichó en los tiempos del exalcalde Pedro Pacheco, hace 18 años —estuvo dos años como autónoma en la empresa y desde 2006 con contrato en la empresa pública—. Y no solo eso sino que desde 2015 fue nombrada por el actual gobierno municipal como gerente de una entidad que el anterior ejecutivo local trató de disolver, dejando un balance de 2,5 millones de euros de pérdidas.
La gestión en apenas cuatro años de Bravo no solo rescató a la empresa a nivel contable —dejándola en un superávit de más de 530.000 euros en su último ejercicio como gerente—, sino que la dotó de un carácter social que ha sido esencial para evitar numerosos desahucios por impagos en la gestión de un parque público de viviendas similar al de la empresa municipal de Sevilla, Emvisesa. Sin embargo, pese a este historial, Eva Bravo ahora teme por su puesto de trabajo ante lo que denomina un “ERE encubierto” en Emuvijesa. Aprovechando su excedencia forzosa por cargo público, según ha denunciado ella misma, se queda fuera junto a otros compañeros del proceso para estabilizar las plazas del ente público del que depende su puesto de trabajo fuera de la política.
Además, el PSOE ha anunciado que destituirá a Bravo como portavoz de Vivienda en el Congreso —este pasado jueves el BOE publicaba dos nuevas leyes de Vivienda firmadas por la jerezana casi por unanimidad de la Cámara—tras haber advertido a la alcaldesa de Jerez, la socialista Mamen Sánchez, de que puede incurrir en posible prevaricación por el plan de estabilización seguido en Emuvijesa. La información aparece este viernes en The Objective y circula desde esta mañana en muchos móviles de personal técnico y político del Ayuntamiento.
Todo estalla, en el marco de la recta final de la decisiva campaña del 19J en Andalucía, a raíz de que Juan Espadas se refiriera en el debate del pasado lunes en Canal Sur a dicho proceso de estabilización. "Juan Espadas defendió la aplicación de la ley de estabilización de los empleados públicos, porque como muchos trabajadores estamos padeciendo se está utilizando en muchas empresas públicas, precisamente, para lo contrario”, escribió Bravo en su cuenta personal de Facebook y de Twitter.
Y abundaba: “La ley es muy clara, estabilizar las plazas de los trabajadores que lleven más de 3 años en su puesto y no despedir a trabajadores indefinidos con experiencia de 20 años, o más, como está ocurriendo. Es muy grave y confiamos en que rectifiquen y se aplique correctamente la ley para todos. En Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda está ocurriendo como en muchas otras, los trabajadores pedimos que se aplique la ley y no aprovechen para hacer ERE encubiertos. Tenemos que defender la aplicación de la ley para todos y todas, no solo para algunos privilegiados, defendamos los derechos de los trabajadores y no consintamos que se utilice una ley de estabilización para injustamente lo contrario. Mi apoyo a todos los trabajadores que están sufriendo este despotismo y estas formas de actuar como de un cortijo se tratara y que nos recuerdan a tiempos atrás”.
El duro mensaje no cayó en saco roto. Socialistas forzaron a Bravo a eliminarlo, según ha podido a saber este periódico, y finalmente ambos mensajes en las referidas redes fueron eliminados. Pero ya era tarde. ¿A qué se refería Bravo en su mensaje? Al acuerdo adoptado en consejo de administración de Emuvijesa el pasado 27 de mayo por el que se aprobaba la Oferta de Empleo Pública del proceso de estabilización contenido en Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues que la OEP aprobada solo considera como ‘estructurales’ a 7 de los 21 trabajadores del ente municipal, por lo que solo estos 7, incluidos el gerente actual y el representante de los trabajadores, podrían optar al concurso de méritos para estabilizar una plaza como laborales fijos. El resto queda en un limbo, “a pesar de que llevamos, el que menos, al menos 15 años trabajando en la empresa”, aseguran afectados a lavozdelsur.es.
"El proceso de estabilización es un regalo caído del cielo"
Lo llamativo, han explicado fuentes municipales a lavozdelsur.es, es que Bravo sí está incluida entre esos 7 que deberán afrontar el proceso del concurso de méritos, "algo a lo que Bravo se negaba porque pretendía pasar directamente a ser fija. Ella es laboral indefinido no fijo. La prevaricación habría sido hacerla fijo no siéndolo, regalándole por la cara esa etiqueta, cuando ya de por sí el proceso de estabilización es un regalo caído del cielo". Con todo, estas mismas fuentes aseguran que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió el pasado 31 de mayo los puestos a estabilizar en Emuvijesa, entre los que está el de Bravo: técnico superior. Una condición que "recibió en gobiernos del PP por la cara, ya que pasó de auxiliar administrativo a técnico superior de un día para otro".
Un wasap que le va a costar la portavocía del Congreso
El 27 de mayo pasado, en cambio, Bravo, según ha sabido este medio, envío un wasap desde su móvil personal a la alcaldesa, Mamen Sánchez, y otro mail, desde su cuenta personal, al gerente de Emuvijesa. Fue rotunda: “Se han propuesto unos criterios diferentes a los establecidos por ley a esta empresa. Recordarle que todos los trabajadores de Emuvijesa se encuentran en la misma situación, indefinidos. Y se pretende aprobar un criterio discriminatorio, en el que se encuentra mi puesto de trabajo, por tanto ante este flagrante acto discriminatorio y a mi modesto entender, ademas de fundamentado por mi asesor jurídico, se está cometiendo presuntamente un delito de prevaricación".
"Como sabe —agregaba— estoy en excedencia forzosa en calidad de mi condición electa como diputada socialista nacional, y provisional como todo cargo electo, por tanto le reitero que la propuesta llevada a consejo de administración y firmada por el gerente y por el representante de los trabajadores, que no ha comunicado dicha propuesta, ni se ha sometido a votación; queda patente que es una propuesta que intencionadamente está intentando perjudicar a una persona por motivos de carácter político, y le insisto en que mi vinculación laboral con la empresa es independiente del cargo institucional que ocupo, y en la que estoy desde muchos años antes de su llegada a este Ayuntamiento”.
Tras este mensaje, y ante el silencio ‘administrativo’ de casi medio mes, Bravo estalló en redes sociales viendo el debate de las andaluzas y aludiendo a las palabras de Espadas. Ahora este wasap personal se entiende, o tiene toda la pinta, que ha llegado a la vicesecretaria de Organización, Adriana Lastra —con quien se pudo ver a Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, en la pasada Feria del Caballo—, y este mismo viernes aparece publicado que será destituida como portavoz de Vivienda tras el 19J. De momento, dicha destitución no se ha hecho efectiva.
Esta pieza ha sido actualizada horas después de su publicación después de que el gobierno local haya aportado su versión documentada relativa a la denuncia que hizo pública hace tres días la actual diputada del PSOE en el Congreso.