"Lo que he pasado con esto no lo sabe nadie. Saber que eres inocente y que te hayan sentado en un banquillo...". Estas declaraciones de uno de los técnicos municipales a lavozdelsur.es dan una idea de la alegría que se han llevado los cincos cargos y ex altos cargos del Ayuntamiento de Jerez este lunes al conocer la setencia de casación del Tribunal Supremo.
En dicho fallo ya no son únicamente absueltos por la prescripción de los delitos —como dictó la Audiencia Nacional en noviembre de 2019—, sino que queda claro que no tuvieron responsabilidad penal alguna en los delitos cometidos en la pieza jerezana del caso Gürtel.
Como se recordará, la persona clave, el nexo de unión entre la red, y aquel Ayuntamiento cogobernado por el PP y Pacheco, falleció en extrañas circunstancias hace también unos seis años, Isidro Cuberos, la pieza jerezana de la Gürtel se cerró para siempre sin políticos condenados por un expediente ilegal armado a posteriori y que costó más de 300.000 euros a las arcas municipales.
El Supremo archivó definitivamente en mayo del año pasado la causa contra la exalcaldesa María José García-Pelayo —aforada por su condición de diputada en el Congreso— por la trama jerezana, insistiendo en que los hechos prescribieron y que la exregidora no actuó con mala fe. Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional —que juzgó a las personas que no estaban aforadas— declaró culpables a los líderes del entramado corrupto, Francisco Correa (que suma ya 80 años de prisión en los diferentes juicios que se han ido celebrando en esta macrocausa) y Pablo Crespo.
Ambos, con la atenuante de la dilación indebida —el proceso judicial se paralizó unos cuatro años—, fueron condenados a tres años de prisión por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación como cooperadores necesarios en relación con los contratos ilícitos adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez para su participación en la Feria Internacional de Turismo en 2004.
Igualmente, los trabajadores del 'grupo Correa' Javier Nombela (dos años y tres meses de cárcel) e Isabel Jordán (un año y dos meses) fueron condenados como cooperadores necesarios. El tribunal absolvió a cinco funcionarios de este Consistorio por prescripción del delito, pero no dictó que fuesen inocentes. En cambio, una de ellas, María del Milagro Pérez —actual directora de Presidencia—, interventora municipal en aquella época que advirtió hasta en tres ocasiones de la posible ilegalidad que pendían sobre los tres expedientes, recurrió ante el Supremo.
El Tribunal Supremo ha resuelto declarando lo siguiente: "En este sentido, el motivo se estima de forma que la razón de la absolución no es la prescripción del delito, sino que los hechos imputados no son constitutivos de un delito de prevaricación". El fallo de la sentencia, de este modo, absuelve a los cinco técnicos del Ayuntamiento de Jerez, por cuanto se extiende también al resto de técnicos al haberse adherido al recurso.
“Absolvemos a los acusados M. M. P. P., L. M. P., M. A. T., J.E.A.G. y M. B. G, del delito de prevaricación al no ser delictivos los hechos imputados". Se cierra de este modo de forma definitiva y satisfactoria el calvario sufrido por estos cinco técnicos municipales durante más de cinco años en la pieza separada de Jerez del caso Gürtel.
El Alto Tribunal ahora, como al resto de sus compañeros —adheridos al recurso de casación—, les ha dado la razón. Quién ordenó esos amaños, esos contratos en la primera etapa del Partido Popular en el Consistorio que han costado 357.221 euros a los jerezanos? Nunca se sabrá.