La Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Adelante Andalucía contra la decisión de la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), de disolver la Cámara autonómica con motivo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus y delegar las competencias de ésta en la Diputación Permanente, "saltándose la normativa parlamentaria".
Así lo ha dado a conocer este lunes la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, en un comunicado en el que ha calificado como "una noticia excelente" dicha decisión del Tribunal Constitucional. Los hechos por los que Adelante presentó el referido recurso de amparo, en opinión del equipo jurídico que lo redactó, "hurtaron a los diputados el derecho a la participación pública conforme al artículo 23 de la Constitución".
La resolución positiva del TC, adjuntada por Adelante en su comunicado, afirma que las razones expuestas en el recurso de amparo apuntan a "un asunto que trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales", por lo que insta a iniciar las diligencias procedentes y solicitan a la presidenta del Parlamento "la remisión de las resoluciones por las cuales suspendió la actividad parlamentaria ordinaria y la sustituyó por la convocatoria de la Diputación Permanente".
Desde Adelante han destacado la relevancia de los hechos denunciados remarcando que "el alto tribunal admite a trámite recursos de amparo en muy contadas ocasiones".
Según ha señalado Aguilera, el movimiento del TC implica una "excelente oportunidad" para demostrar que la presidenta del Parlamento "vulneró derechos fundamentales con una decisión sin base legal que sólo perseguía la aprobación de determinadas leyes impidiendo la labor de oposición y fiscalización".
Paralelamente, según ha afirmado la diputada gaditana, con el recurso de amparo admitido también "está en riesgo" la vigencia del Decreto 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que fue convalidado por la Diputación Permanente, y que la confluencia considera que es "lesivo para los intereses de los andaluces", al tiempo que subraya que afecta más de una veintena de leyes "cuya aprobación fue el principal objetivo que impulsó la vulneración de derechos fundamentales en Andalucía", según concluyen desde Adelante.
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