La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia condenatoria contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, por la contratación irregular del exalcalde de Lebrija, Antonio Torres. La sentencia, notificada este miércoles, establece que Villén contrató a Torres en la Faffe de manera "ilegal" y "absolutamente irregular", basándose únicamente en "su sola voluntad, amistad y afinidad política". Como resultado, el exalcalde percibió un total de 359.973 euros, a pesar de que no cumplía con ninguna función laboral ni acudía a la sede de la Fundación.
El tribunal ha condenado a Fernando Villén a tres años y seis meses de prisión por malversación de caudales públicos, así como a seis años de inhabilitación absoluta. Además, se le ha impuesto una pena de siete años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Ambos delitos cuentan con la atenuante de dilaciones indebidas.
Por su parte, Antonio Torres, el alcalde de Lebrija durante 24 años, ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión como cooperador necesario en el delito de malversación de caudales públicos. Además, se le ha impuesto una pena de cuatro años de inhabilitación absoluta y una inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de empleo o cargo público, también con la atenuante de dilaciones indebidas.
Sanción económica
La sentencia establece, asimismo, que ambos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía por la cantidad de 359.973 euros, que corresponde al total percibido por Torres. desde su contratación en la Faffe hasta su incorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras la disolución de la Fundación.
El fallo no es definitivo, ya que se trata de una resolución de primera instancia y cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que podría modificar la decisión judicial.
La Faffe, una entidad pública dedicada a la formación y el empleo, fue disuelta en 2013, pero el proceso judicial sobre las contrataciones irregulares realizadas durante su existencia sigue siendo un asunto judicial relevante en la región.