L. M. P., una de las técnicas municipales que se sentará en el banquillo en mayo del año que viene en el juicio por la denominada pieza jerezana de la trama Gürtel, ha expresado en su cuenta personal, y abierta, de Facebook su temor porque "me quiten del camino" quienes "no quieren escuchar la verdad". El mensaje alude al fatal desenlace que hace ahora tres años padeció Isidro Cuberos, una figura clave en esta instrucción, intermediario y nexo entre las empresas de Correa, íntimo de Javier Arenas, y hombre de contacto con el PP de Jerez en el Consistorio. "Fue encontrado muerto en un barranco en octubre de 2015. Pieza importante (...) no podrá declarar en el juicio, no podrá señalar a nadie", recuerda la trabajadora del Ayuntamiento.
El post, "hago pública esta fuente de información periodística al alcance de todos", se produce el mismo día en el que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 6 de mayo el inicio de otro de los juicios contra la trama Gürtel, el relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez, con María José García-Pelayo como alcaldesa del PP, concedió a favor de las empresas de Francisco Correa en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004 por unos 355.000 euros.
Esta vista oral, que se prevé que se alargue hasta principios de julio, será la cuarta pieza que la Audiencia Nacional juzgará contra la trama corrupta liderada por Correa, que ya se encuentra cumpliendo los 70 años de prisión que suman las condenas por otras piezas ya juzgadas, como la primera época de la trama Gürtel (51 años y 11 meses), la participación de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009 (13 años, que ya es firme por el Tribunal Supremo) y por la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (5 años y 3 meses). En este caso, el 'cabecilla' se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión.
El juez instructor José de la Mata dictó auto de apertura de juicio oral en enero de 2016, por el que sentó en el banquillo al líder de la trama, Francisco Correa, a su 'número dos', Pablo Crespo, y a dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela, todos ellos condenados también por la primera época de la trama Gürtel. Se da la circunstancia que Crespo acumula también condenas por los mismos casos que su jefe; mientras que Isabel Jordán, que administró las empresas adjudicatarias, fue penada por el amaño de los contratos de la administración valenciana en relación a la feria de turismo.
Por las tres presuntas adjudicaciones irregulares en el consistorio jerezano, cuyo importe total suman 355.391 euros, también serán juzgadas las interventoras municipales en aquella época, M. P. y M. A.; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) J. A.; la empleada de este organismo, la referida L. M., y al antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez. Curiosamente, el Tribunal Supremo, contra todo pronóstico y, gracias a la condición de aforada que iba a perder en unos días, pues se disolvían las Cortes el 3 de mayo, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la ex alcaldesa el pasado 29 de abril de 2016 a María José García-Pelayo. La exalcaldesa era la única figura política implicada directamente e, in extremis, era dejada fuera de la causa. Posteriormente, Fiscalía apostilló que la provisionalidad significaba que en cualquier momento, efectivamente, podía reabrirse dicha causa. ¿Será en el momento del juicio?
La técnica municipal, para la que Fiscalía solicita siete años de prisión, no está dispuesta a correr la misma suerte de Cuberos. "Son demasiadas muertes relacionadas con una larga lista de fallecidos en extrañas circunstancias que afectan y están relacionados con la trama Gürtel y la financiación del Partido Popular", escribe. Y abunda: "La más cercana a Jerez, el caso de Isidro Cuberos, asesor y amigo de Javier Arenas, amigo íntimo a su vez de María José García Pelayo. Fue encontrado muerto en un barranco en octubre de 2015. Pieza importante en el juicio de la pieza separada de Gurtel-Jerez. No podrá declarar en el juicio. No podrá señalar a nadie".
Bajo los hastag #quenoseatrevanatocarmeniunsolopelo y #niaminiamifamilia, mantiene que "hago pública esta fuente de información periodística de Google al alcance de tod@s, para declarar que, estoy deseando poder defender mi persona, mi honor y mis apellidos con todo lujo de detalles y que, si por «casualidades del destino», no llegara a poder hacerlo y corrieran la mismas circunstancias que han rodeado al resto de casos, deciros que hay quien no quiere escuchar la verdad, que me quitan del camino por ello y que por tanto estas palabras sirvan como prueba de tales punibles".
Peticiones de Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel para Correa, Crespo, Jordán y Nombela por un delito continuado de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil. En cuanto a cuatro de los trabajadores municipales, pide siete años de cárcel para cada uno de ellos por los mismos delitos menos el último; mientras que para otro de ellos sólo reclama dos años de cárcel por prevaricación y fraude a las administraciones. Se da la circunstancia de que uno de los técnicos acusados fue una de las personas que alertó en su informes hasta en tres ocasiones del riesgo de irregularidad en el expediente que quedó probado que se montó a posteri de la adjudicación con "abrumadoras" muestras de ilegalidad.
Según explica el auto del juez de la Mata, los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades", pues las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era un órgano que no "era el competente" para ello.
De hecho, subrayó que los contratos y expedientes administrativos —que en ocasiones se trataron como si fuesen "menores sin publicidad"— se elaboraron una vez finalizada la feria. Según explicó el magistrado las sociedades de Correa confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que " las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas.
De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia". La empleada L. M. intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes, explica el juez.
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