El plan de estabilización del Ayuntamiento de Jerez está en el aire después de que el Juzgado de lo Social número 2 de la ciudad lo tumbara con una sentencia, adelantada por lavozdelsur.es, muy dura contra la anterior gestión del gobierno socialista, bajo cuyo mandato salieron adelante las bases.
Pero no es la única. Hasta el momento ya son tres las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social, todas fallando a favor de los denunciantes y en contra del sistema de baremación elegido por el Ayuntamiento para la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración del personal funcionario y laboral. Y puede que no sean las únicas, porque hay varias demandas pendientes de resolución.
La primera sentencia conocida falla a favor de una trabajadora que estuvo 20 años en una empresa del holding municipal, que consideró vulnerado su derecho fundamental a no ser discriminada con un sistema de puntos que premiaba a quienes tienen experiencia desde 2007 en adelante.
Por ello, el Juzgado declara la nulidad del proceso y obliga al Ayuntamiento a indemnizar a la empleada con 6.251 euros por vulnerarse el principio de igualdad y de no discriminación. En este caso, tiene dos sentencias a su favor, con el mismo fallo, y ya se ha conocido otra de un segundo trabajador que va en la misma dirección.
La magistrada Soledad Ortega Ugena es quien redacta una sentencia con fecha del 20 de mayo, sobre la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta cinco después de su comunicación.
El terremoto, parece, no ha hecho más que empezar, porque como ha podido saber lavozdelsur.es, hay varias demandas pendientes de sentencia en los Juzgados de lo Social números 1 y 3 de la ciudad, que se conocerán próximamente. Las bases del plan de estabilización que el ejecutivo local del PSOE sacó adelante con el apoyo de CGT y CSIF, sindicatos mayoritarios en el Consistorio jerezano, han sido declaradas nulas. Fue la CGT, precisamente, quien las redactó, ya que las del gobierno socialista fueron rechazadas por todos los sindicatos.
La denunciante que ha conocido la primera sentencia que tumba el proceso es una afiliada de UGT que, a través del gabinete jurídico del sindicato, tramitó la demanda en marzo de 2023, apenas tres meses después de que el Ayuntamiento aprobara la baremación en junta de gobierno local. En enero de ese año ya solicitó la suspensión del acuerdo, pero menos de un mes después le fue denegada. El Juzgado reconoce ahora en su sentencia que la baremación supera el "límite de lo tolerable" fijado por el Tribunal Constitucional.
La baremación, la clave
El Juzgado de lo Social número 2 recuerda que la diferencia de puntuación de la experiencia desde mayo de 2007 en adelante y antes de esa fecha es significativa. El personal laboral temporal con experiencia en la misma plaza convocada desde 2007 hasta la actualidad suma 0,75 puntos por mes trabajado. Antes, 0,25 puntos mensuales.
"La puntuación máxima en experiencia profesional es 90 puntos y la puntuación máxima en formación serían 10 puntos. Para alcanzar 90 puntos a 0,75 puntos/mes se requiere trabajar 120 meses, o lo que es lo mismo, 10 años. Si la experiencia laboral fue adquirida antes del 13 de mayo de 2007 se otorga la puntuación de 0,25 puntos/mes, ello supone que para alcanzar 90 puntos se requiere una prestación de servicios de 360 meses, o lo que es lo mismo, 30 años", refleja la sentencia.
"Otro ejemplo es la diferencia existente entre los que tienen experiencia en la misma categoría con posterioridad al 13 de mayo de 2007 en el propio Ayuntamiento (o personal subrogado), a los que se les contabiliza 0,75 puntos/mes, con aquellos trabajadores que provengan del sector público del propio Ayuntamiento de Jerez con experiencia anterior a 13 de mayo de 2007 que reciben 0,20 puntos/mes, e incluso los provenientes de otra Administración con experiencia posterior a 13 de mayo de 2007 que reciben 0,18 puntos/mes", incide el Juzgado jerezano.
"Los primeros, que prestan servicios en el Ayuntamiento convocante o personal subrogado, ya dijimos que para reunir los 90 puntos máximos por experiencia profesional requerían 10 años de experiencia; los segundos, 37,5 años (450 meses); y los terceros, 41,66 años (500 meses)", recalca la juez.
Batalla sindical
Una de las claves para entender esta judicialización del proceso es la división sindical en la Mesa de Negociación. De hecho, sorprendió que el gobierno del PSOE amarrara las bases del plan de estabilización de la mano de CSIF y CGT, que eran las secciones sindicales más beligerantes con su labor, aunque mayoritarias, por lo que pudo salir adelante. CCOO, UGT y ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales), con representación en este órgano, lo criticaron duramente.
Con este varapalo judicial, tras el que el actual gobierno local del PP aún no se ha pronunciado, se deben elaborar de nuevo las bases del proceso. Con los meses que quedan por delante, aseguran fuentes letradas a este periódico, es muy difícil que se concluya a tiempo. Y es que hay que baremar de nuevo, abrir el plazo de solicitudes, publicar la lista de admitidos provisionales, la lista definitiva, publicar las listas provisionales, y luego las definitivas, de solicitudes baremadas, todo ello pasando por Boletines oficiales, que requieren de un tiempo de exposición pública.
En un comunicado dirigido a la plantilla municipal, emitido por los sindicatos UGT, ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez), CGT y CSIF —cuatro de los cinco sindicatos con representación en el comité de empresa— en septiembre de 2022, tres meses antes de sacar adelante la baremación —y de que CSIF pasara del no al sí—, estas secciones sindicales criticaban que el primer borrador de las bases no estaba “adaptado a la realidad de la plantilla municipal del Ayuntamiento, sino más bien enfocado a favorecer a personas ajenas al mismo”.
Esta alusión soterrada a los trabajadores incluidos en el ERE municipal de 2012, que acabó con 260 empleados públicos en la calle, hizo saltar las alarmas en muchos colectivos. Ese documento previo no incluía el baremo de puntos por mes trabajado. "¿Cómo puede Mamen Sánchez, sin caérsele la cara de vergüenza, pretender que los sindicatos pongamos la baremación de unas bases, poniendo en peligro a nuestros compañeros, sin conocer la antigüedad en los distintos grupos/categoría de este Ayuntamiento y empresas integradas de cada trabajador?”, se preguntaban los sindicatos.
Cuando se conocieron las novedades introducidas en el último borrador de las bases del plan de estabilización —que terminaron siendo definitivas— sindicatos como UGT y CCOO, y partidos políticos como IU criticaron este giro de guion. "¿Qué ha cambiado en los últimos días para que el gobierno de Mamen Sánchez se venda a la CGT?", se preguntaba CCOO, un sindicato que consideraba que "este gobierno antepone sus intereses políticos a su responsabilidad con la plantilla. Rechazamos rotundamente esta actitud, impropia de una Administración que es la que tiene la obligación de llevar adelante este proceso".
"Decimos alto y claro que esta propuesta ni se ha negociado ni trabajado en ninguna de las sesiones anteriores, al haber sido rechazada por el gobierno municipal, junto con el resto de propuestas de las distintas secciones sindicales", agregaba UGT. Por su parte, IU señalaba que "aprobar unas bases con la mayoría de las secciones sindicales levantándose de la mesa es empezar con el peor pie posible un proceso del calado del que está a punto de iniciarse".
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