El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha condenado a Antonio Vergara, exmédico y líder de la Marea Blanca de Cádiz, a tres meses de multa por un delito leve de coacciones contra una profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La sentencia se refiere a un episodio ocurrido el pasado mes de junio en la Casa del Mar, en la capital gaditana, en el que la directora gerente del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda fue víctima de una agresión verbal, según la sentencia.
Los hechos tuvieron lugar el 21 de junio, durante una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito, a la que asistían asociaciones, entidades y miembros del equipo de gestión sanitaria. En ese contexto, el acusado irrumpió en la sala con una actitud agresiva, alzando la voz y señalando con el dedo a la directora gerente. Según la sentencia, el individuo llegó a proferir amenazas como: "No tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería tener miedo".
"Yo entré en la sala, interrumpí la reunión, expresé mi mensaje y me fui", explicaba Antonio Vergara a lavozdelsur.es recientemente. "Un burdo intento de acallar una de las voces más reputadas de la sociedad civil en materia de defensa del sistema público sanitario". En todo momento, el líder de la marea gaditana reconoce la descalificación como gestora, pero nunca como persona. "Estábamos indignados porque unos ciudadanos quieren reunirse con ella, nos niega esa posibilidad y ahora iba a ir a hablar sobre participación ciudadana", contextualizaba.
Según el SAS, el comportamiento del acusado generó una situación de tensión en la reunión. La profesional habló de sentirse asustada, quedó bloqueada y no pudo continuar con su exposición. A pesar de que un miembro del equipo de gestión le solicitó que abandonara la sala, el acusado se negó, argumentando que no se iría hasta que le concedieran una cita para tratar su asunto.
Ante la insistencia, la gerente accedió a tramitarle una cita, tras lo cual Vergara abandonó la sala. Sin embargo, los hechos fueron denunciados y han concluido en una condena judicial.
Tres meses de multa
El juzgado ha determinado que la conducta del acusado constituye un delito leve de coacciones, aunque ha subrayado que no por ello está exenta de reproche penal. Como consecuencia, se le ha impuesto una multa de tres meses con una cuota diaria de 10 euros, además del abono de las costas del proceso.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha mostrado su "satisfacción por la condena, que demuestra que los episodios de violencia en el ámbito sanitario pueden ser castigados, independientemente de su condición, agresión física, amenaza o insulto".
La Delegación, en la línea de lo expresado públicamente por la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, quiere recalcar que esta denuncia procede de una profesional del SAS que se ha sentido agredida en su lugar de trabajo, como cualquier otra, de cualquier categoría, de un hospital o centro de salud. En este sentido, merece la misma consideración pública como víctima, independientemente de la notoriedad del acusado, quien, además, el juzgado ha considerado culpable de un delito.
