Demetrio González Mera, director económico central de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, ha negado tener conocimiento sobre las presuntas irregularidades en los contratos de esta institución, que están siendo investigados por un valor total de 235 millones de euros. González Mera es el primer investigado en el marco de la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que examina estos contratos.
En su declaración ante la jueza Rosa María García, González Mera se ha negado a responder a las preguntas tanto de la Fiscalía como de la acusación popular, ejercida por Podemos Andalucía. Sin embargo, ha contestado a las preguntas formuladas por su abogado defensor, ante quien ha afirmado no tener constancia de informes o comunicaciones por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaran sobre irregularidades en la adjudicación de los contratos. También ha negado tener conocimiento de que se estuvieran fraccionando contratos para evitar concursos públicos o de las prórrogas forzosas de otros contratos esenciales.
González Mera ocupa el cargo de director económico central de compras de Cádiz en el SAS desde enero de 2020. Previamente, fue subdirector de este mismo departamento desde 2019 y, entre 2014 y 2019, subdirector económico administrativo en los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, ambos ubicados en la provincia de Cádiz.
La denuncia que ha dado lugar a la investigación fue interpuesta por Podemos Andalucía, basándose en informes de la Junta que alertaban sobre el fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Estos contratos, según la denuncia, se otorgaron con el fin de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, lo que permitió que se adjudicaran de manera directa, sin una competencia abierta.
Otras provincias
Los informes de Intervención detallaron que en la provincia de Huelva se adjudicaron contratos por valor de 91,9 millones de euros, lo que representó el 46,49 % del total de contrataciones en la región. En Jaén, el monto ascendió a 69,8 millones de euros, el 33,2 % del total; en Cádiz, los contratos irregulares alcanzaron los 235,4 millones de euros, lo que supuso el 23,2 % del total de adjudicaciones en la provincia; y en Córdoba, los contratos ascendieron a 61 millones de euros, el 21,9 % del total.
El juzgado de Sevilla que recibió la denuncia derivó los casos correspondientes a los tribunales de cada provincia. A día de hoy, el juzgado de Cádiz es el único que ha abierto diligencias, y hasta el momento ha citado a un investigado. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga otra denuncia, esta vez del PSOE, sobre el uso de contratos de emergencia por parte del SAS tras la superación de la pandemia, los cuales fueron inicialmente destinados a esa emergencia. En ese caso, la investigación ha implicado a la actual gerente del SAS, Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
A las puertas del juzgado de Cádiz, donde González Mera prestaba su declaración, se concentraron representantes de la Marea Blanca de Cádiz. La portavoz del grupo, Teresa Almagro, ha manifestado su preocupación por la situación de la sanidad pública en la región. En declaraciones a los medios, Almagro ha insistido en que los impuestos de los andaluces deben destinarse a la sanidad pública al cien por cien, denunciando que empresas privadas se benefician de estos contratos mientras miles de ciudadanos sufren las consecuencias de la falta de recursos y la creciente demora en los tiempos de espera.
Almagro también afirma que la situación está afectando gravemente a la atención sanitaria de la población, con patologías que no se diagnostican a tiempo, lo que provoca graves consecuencias, incluso muertes. En su intervención, criticó el enriquecimiento de empresas privadas del sector sanitario, farmacéuticas y constructores vinculados a la sanidad, mientras los andaluces continúan esperando una atención digna y de calidad.
