En 2020 la Junta de Andalucía, ya presidida por el Partido Popular, tomó una decisión clave en la política sanitaria: acabar con la subasta de medicamentos implantada por el PSOE en el año 2012 y que, en cursos como 2015 permitió, incluso, ahorrar a las arcas públicas una cantidad superior a los 1.500 millones de euros.
En el Presupuesto realizado por la Junta de Andalucía y aprobado por el Parlamento para el año 2024 se contempla un gasto farmaceútico de 2.452 millones de euros, mientras que en el último año socialista (2018) el gasto fue de unos 1.800 millones de euros. La situación provocó que en la pasada legislatura, la Consejería de Hacienda que entonces dirigía Juan Bravo emitiese un informe advirtiendo de que el gasto en esta partida se estaba descontrolando. La AIReF también emitió otro informe recomendando instalar este mecanismo en todo el país.
El debate parecía enterrado por la sólida mayoría absoluta del Partido Popular. Hace unos meses, además, PP y Vox votaron en contra de una Proposición no de Ley de los socialistas para recuperar este mecanismo en el que la administración pública también ingresaba recursos por parte de las empresas que se presentaban a la subasta.
En concreto, consistía en un procedimiento público para adquirir los fármacos basado en una puja previa a la que acudían los laboratorios farmaceúticos que querían el contrato. El farmacéutico estaba obligado a dispensar el medicamento genérico suministrado por el laboratorio que había logrado el contrato de la Junta de Andalucía. Gracias a este sistema, la Junta redujo considerablemente la factura en fármacos.
La cuestión vuelve a estar encima de la mesa y el Partido Popular tendrá la oportunidad de recuperarla ya que Por Andalucía va a registrar durante este periodo de sesiones una Proposición de Ley para que este sistema vuelva a estar en el Servicio Andaluz de Salud. La coalición progresista cree que el incremento en el gasto farmaceútico es "preocupante" y que, por lo tanto, hay que ponerle freno. La subasta se incluyó, precisamente durante la legislatura en la que Izquierda Unida compartió Gobierno con los socialistas.
La portavoz Inmaculada Nieto cree que acabar con este sistema ha provocado una "pérdida de recursos imprescindibles para fortalecer a la sanidad pública". La propuesta de Por Andalucía coincide con un momento complicado en el SAS donde la Consejería de Salud insiste en que apenas hay personal y, al mismo tiempo, las renovaciones de los eventuales se producen por cuatro meses. Los 600 euros que podrían ahorrar con el mecanismo, según la formación de izquierdas, ayudaría a solucionar el problema de personal y permitiría "pérdida de recursos imprescindibles para fortalecer a la sanidad pública". Otro de los grandes problemas que existen, y del que advierten continuamente los sindicatos, es la fuga de sanitarios hacia otras comunidades por los extensos contratos que se les ofrecen más allá de Despeñaperros.
"Andalucía compra ahora medicamentos más caros y además ya no tiene el ingreso que hacían las empresas que optaban a la subasta. Ninguno de los males que se achacaron a la subasta como el desabastecimiento o la falta de adherencia a los tratamientos han dejado de ocurrir porque nada tienen que ver con el mecanismo que utiliza la administración para proveerse de los medicamentos que requieren sus pacientes", ha manifestado la portavoz de Por Andalucía.
El caso más habitual es el de 'Ozempic', un fármaco utilizado para la diabetes y para la obesidad. El año ha empezado con mucha dificultad en las farmacias para encontrar este medicamento. Este problema existe desde 2022, cuando se disparó la demanda de estas inyecciones.
El Partido Popular, hasta el momento, ha mostrado su rechazo a recuperar una de las medidas que más criticó cuando estaba en la oposición. De hecho, Moreno mostró su intención de prohibir por ley la subasta. No obstante, la tramitación parlamentaria permitirá a los grupos negociar para llegar a un acuerdo siempre que el Partido Popular no la rechace en uno de sus primeros trámites.
Comentarios (2)