El pasado noviembre, el Gobierno de España modificó la normativa de reproducción asistida a través de una orden ministerial. El Ministerio de Sanidad, con el cambio, volvió a incluir a las mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y las personas transexuales con capacidad gestante en el acceso a estas técnicas.
Previamente, el Gobierno del Partido Popular, en 2014, las había limitado personas con trastornos de la fertilidad, a prevenir la transmisión de enfermedades o trastornos graves, o a la preservación de la fertilidad en situaciones asociadas a procesos patológicos especiales. Sin embargo, la Junta de Andalucía, en su Guía de Reproducción Humana Asistida en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, sigue interpretando algunos condicionantes de la forma más restrictiva posible.
Por todo ello, desde Unidas Podemos por Andalucía, se insta al Gobierno, a través de una Proposición No de Ley (PNL), a que modifique estos criterios y favorezca el acceso a todas las mujeres que lo soliciten. La formación morada alega que cambios sociológicos como que la maternidad ya no sea “el único objetivo” de las mujeres, los avances en el acceso a la formación y oportunidades laborales o “el retraso de la edad en la emancipación juvenil”.
En la edad encontramos una de las interpretaciones donde la Junta de Andalucía podría ser más flexible y, de esta forma, dar cobertura a un mayor número de mujeres. El Sistema Nacional de Salud establece los 40 años como límite cuando se inicia el estudio, una definición que resulta ambigua. En este sentido, Andalucía sólo permite ser incluida en lista de espera si aún no se ha cumplido esa edad – 38 años en caso de que sea inseminación de la pareja –. Según un estudio comparativo de Civio, Andalucía no es la única comunidad que hace esta interpretación, aunque sí hay otras 12 que se ciñen a la literalidad de la norma estatal y permiten una mayor flexibilidad respecto a la edad y los 40 años de límite.
Donde no cabe lugar a interpretación y Andalucía sí se salta la normativa nacional es en el número de intentos en la técnica de inseminación artificial –sí se cumple el mínimo en la fecundación in vitro–. Pese a que la norma habla de seis intentos en caso de donante y cuatro si es pareja, la Junta de Andalucía establece en su guía en caso de semen de donante “no más de cuatro ciclos en menores de 40 años” y “no más de tres ciclos con 40 años o más”.
En el caso de que el semen sea de pareja tampoco se cumplen los intentos que establece el Sistema Nacional de Salud, “no más de 3 ciclos en mujeres menores de 35 años” y “no más de 2 ciclos en mujeres de 35 o más años”. En el análisis de Civio se observa que Andalucía se sitúa a la cola en este aspecto donde sólo otras tres comunidades – Asturias, Cataluña y Baleares – no llegan a los seis intentos establecidos.
Las limitaciones no acaban aquí ya que, en la guía de 2019, se excluye o limita el acceso a las mujeres que consuman – ellas o su pareja – tóxicos como el tabaco o el alcohol. Además, también quedan fuera las gestantes con hepatitis B, hepatitis C o VIH porque “generan riesgos potenciales de transmisión horizontal (contagio a la mujer o contaminación cruzada durante el proceso de tratamiento) y vertical, al feto”. Para la Junta “es fundamental el tratamiento médico previo de estos pacientes” y sólo establece el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada como centro público para realizar la reproducción asistida a personas con estas enfermedades infecciosas.
Por si fuera poco, aunque no es la única comunidad que lo hace, Andalucía establece el índice de masa corporal más restrictivos de todo el país para poder recibir estos tratamientos. Este índice se sitúa entre 19 y 30. Fuera de estos parámetros la mujer quedará excluida de recibir las técnicas de reproducción asistida.
Unidas Podemos solicitará al Gobierno de Moreno Bonilla que actualice la guía en vigor, que se publicó en 2019, incluyendo lo dispuesto en la orden ministerial y eliminando las restricciones adicionales que se incluyen. Además, la formación morada solicitará que se aumente el personal del Servicio Andaluz de Salud para contribuir a la disminución de las listas de espera y así garantizar el acceso a las mujeres interesadas.
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