La Confederación Salud Mental España ha hecho un llamado a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 23 de julio, solicitando el acceso universal a los servicios de salud mental, sin importar la situación económica de las personas, así como una mayor inversión para mejorar dichos servicios.
A través de un decálogo, la confederación ha enviado sus demandas y propuestas en materia de salud mental a los diferentes partidos políticos, para los próximos cuatro años de legislatura. El decálogo aborda las principales preocupaciones y necesidades en el ámbito de la salud mental, en áreas como la sanidad, educación, empleo, infancia, adolescencia y juventud, economía, derechos humanos, prevención del suicidio, colectivos vulnerables, familia y entorno, y accesibilidad.
Junto con este resumen, la confederación ha proporcionado un documento más extenso que detalla las principales necesidades y medidas que "es urgente implementar" en cada uno de los ámbitos mencionados.
"Con este documento queremos hacer una llamada de atención a las formaciones políticas y sus líderes, para que, ya desde la misma campaña electoral, tengan presente la importancia de la salud mental para la sociedad del futuro y para el proyecto de país que quieran construir durante los próximos cuatro años", ha explicado el presidente de la Confederación, Nel González. “Hemos admitido un modelo de vida que provoca demasiada incertidumbre, ansiedad y desesperanza en las generaciones venideras, a las que tampoco estamos sabiendo enseñar a gestionar esos sentimientos”.
El documento recoge propuestas dirigidas a mejorar la accesibilidad en materia de discapacidad psicosocial, a fomentar la participación y la vida independiente y autónoma de las personas con problemas de salud mental, y a ofrecer apoyos a sus familiares y amistades “como elemento esencial que son en la recuperación de las personas con trastorno mental, por lo que también necesitan asesoramiento, apoyo y formación”, defiende González Zapico.
Por último, la Confederación dedica también un epígrafe a la defensa de los derechos fundamentales, con medidas para acabar con las constantes vulneraciones de derechos que sufren las personas con problemas de salud mental, como los tratamientos involuntarios o las contenciones mecánicas, que, según la ONU, “pueden considerarse tortura, son contrarias a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ahondan en un mayor sufrimiento psíquico para las personas que las sufren y para sus familias, además de carecer de perspectiva terapéutica”.
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