El personal de las Fundaciones Públicas de Investigación Sanitaria de Andalucía ha decidido dar un paso adelante y comenzar con las movilizaciones. El motivo es que la Junta no da luz verde a un convenio laboral que se lleva negociando desde octubre de 2016, cuando se constituye por primera vez la mesa de negociación. Desde entonces, la administración Andalucía ha abierto la puerta a su aprobación en varias ocasiones, sin embargo, en el último momento y cuando los trabajadores creían que sería la definitiva, ha bloqueado el acuerdo.
En concreto esto afecta a las fundaciones de Fimabis, Fisevi, Fibao y Progreso y Salud. Esta última con un carácter más de gestión que de investigación. Málaga, Sevilla, Jaén, Granada y Almería son las provincias involucradas, aunque otras como Cádiz (FCádiz) han mostrado su apoyo a las reivindicaciones a pesar de que no repercute en ella.
El objetivo de este convenio es regular las condiciones laborales desiguales que existen dentro de las fundaciones, establecer un régimen disciplinario, un marco de referencia y las condiciones básicas de personal. Jorge Zurita es técnico de la fundación Progreso y Salud y delegado de prevención en el comité de empresa de la sede central y señala que no entiende el bloqueo porque sería el "primer convenio regulador para personal investigador en Andalucía y un punto positivo para la Junta".
"Hace dos años pedí la tarjeta de crédito de Ikea y me la denegaron porque en mis datos sólo venía la fecha de último contrato"
La ausencia de un convenio se nota en el día a día de los investigadores. María Jesús Pinto es Técnico Especialista ECAI y pone un ejemplo muy rutinario, "hace dos años pedí la tarjeta de crédito de Ikea y me la denegaron porque en mis datos sólo venía la fecha de último contrato. A una compañera no la dejaron financiar el colchón". Pinto se refiere a la concatenación de contrarios, algo que se acabaría en caso de que hubiera un marco regulatorio firme. Comenzó en la Fimabis en 2003 como becaria y lleva desde 2009 sin dejar de trabajar, pero encadenando contratos.
"Una vez que terminas tu contrato no tienes tus derechos. Si acabo mi contrato ahora y llevo desde 2009, lo normal es que las ayudas que reciba sean a partir de esa fecha, no desde el último contrato", denuncia la investigadora. Además, cuenta que la falta de convenio provoca situaciones como que dos personas que hacen lo mismo cobren diferente. "Si no hay trabajo, sigues trabajando desde tu casa", dice para explicar la precariedad y la intermitencia. Esta situación se repite con frecuencia por la importancia que tiene en el sector realizar publicaciones, aunque sean sin remuneración, "nos evalúan por el currículum, un parón de un año se nota mucho a nivel de convocatoria".
Esto no le impide ser autocrítica, "somos un colectivo poco guerrero", confiesa. Aunque también lamenta que no haya más instituciones con las que sea posible investigar. En Málaga, Fimabis es "un monopolio". Pinto comenta que el Estatuto del Investigador aprobado en 2012 no ha mejorado el sector. Sobre el convenio afirma que la gente está "desgastada" y lamenta el bloqueo porque el convenio llevado a la Junta es "de mínimos".
Zurita cuenta que tras constituirse la mesa en 2016 y después de muchas reuniones en las que se consensuó un texto "que entendiéramos que cubría las necesidades del personal, pero también fuera razonable para la Junta y su aprobación", se firma el acuerdo en 2019 con el correspondiente informe de la dirección gerencia.
El incremento salarial de 237.587,99 euros lo asumirían las Fundaciones, pero Hacienda se niega a dar el visto bueno
Esto debía pasar por Regeneración, Racionalización y Transparencia, un órgano que depende de la consejería de Turismo, Regeneración Democrática y Justicia que dirige Juan Marín. Todo cambio en las condiciones de trabajo en la Junta de Andalucía debe pasar por ahí y después, dicha consejería se coordina internamente con Hacienda. En un primer momento, el departamento de Marín no ve clara la aprobación del informe por un incremento en la masa salarial que entendían que no podía ser asumido y, además, el informe no explicaba aquello con un grado de claridad suficiente. La Junta tampoco había realizado esfuerzos para indagar las cantidades, por lo que directamente lo echaron para atrás.
Con todo ello llega la pandemia y se paraliza la negociación, aunque la mesa se vuelve a constituir meses más tarde y se elabora un documento en primavera de 2021 con una explicación mucho más detallada, algunos cambios puntuales y matizaciones. Con esto, los trabajadores creían que no había argumentos para impedir su aprobación. Pese a ello, vuelve a haber un requerimiento por parte de Regeneración al que se le responde con seis páginas de aclaraciones. En esta ocasión eran problemas menores que no debían complicar la negociación.
Una vez superado el primer filtro, llega el conflicto con Hacienda. La consejería de Juan Bravo traslada que el impacto económico por las nuevas tablas salariales es de 237.587,99 euros y por esto, ve inviable su aprobación. Sin embargo, los investigadores insisten en que este incremento lo asumen las propias fundaciones con fondos propios. De hecho, esto sólo afecta a Progreso y Salud, la única que recibe una dotación de la Junta. Desde aquí expresan que la cantidad que alude la Junta es ínfima con el presupuesto que maneja la propia entidad. De momento, y a pesar de las alegaciones, las fuentes con las que ha hablado lavozdelsur.es del ámbito investigador manifiestan pesimismo y creen que van a volver a encontrar una negativa en Hacienda.
"Sospechamos que no quieren aprobar el convenio"
El presidente del comité de empresa de Progreso y Salud, Antonio González afirma que "sospechamos que no quieren aprobar el convenio" y uno de los motivos que esgrime es la creación del Instituto Andaluz de Salud que aglutinará a la Escuela de Salud Pública, la Fundación Progreso y Salud y el departamento de I+D+i de la Consejería de Salud, "están esperando a esto". González, además, explica que el incremento de poco más de 200.000 euros en salario se va a financiar destinando menos fondos a otras cuestiones estructurales.
Sin embargo, al mismo tiempo, desde la consejería de Salud se ha trasladado a los investigadores que sería positivo que se llegara a la creación del Instituto Andaluz de Salud común con un convenio propio para tener las condiciones reguladas, "dentro ya construiríamos un convenio a futuro donde se integrarían las condiciones contempladas en el sitio". Señala Zurita que "llegar sin marco sería peligroso porque habría gente con unas condiciones que yo no tendría, sería un agravio comparativo".
Recortes salariales tras las auditorías
El convenio no es el único quebradero de cabeza que hay para algunas de estas fundaciones. En concreto para la ya mencionada Progreso y Salud donde sus trabajadores ven amenazados sus sueldos después de que las auditorías realizadas por la Junta señalaran que la subida salarial realizada entre 2009 y 2011 no se hizo de la forma adecuada. "Por una mala gestión nos vamos a ver afectados los trabajadores", lamentan desde la entidad a la vez que critican no poder beneficiarse de las cosas que tiene ser personal de la Junta, pero sí tener que asumir los dictámenes negativos.
"Van contra el trabajador olvidándose de la vida del trabajador"
Esta circunstancia afecta a personas que ascendieron en su momento y que ahora van a ver deshecho el ascenso o para trabajadores que apostaron por quedarse en su momento en la fundación cuando tenían otras ofertas por no haberse tramitado bien por parte de la dirección gerencia. "Van contra el trabajador olvidándose de la vida del trabajador", critican por el hecho de que la Junta no tenga en cuenta los cambios personales que han vivido la mayoría de trabajadores en estos trece años.
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