La sanidad andaluza ha vivido este martes las dos versiones del conflicto. Por un lado, en el Palacio de San Telmo, la consejera de Salud Catalina García comparecía para explicar la consolidación de algo más de 2.000 profesionales y el papel que tendrían dentro del Servicio Andaluz de Salud los 5.000 eventuales restantes. En paralelo, prácticamente a la misma hora, cuatro de los cincos sindicatos que componen la mesa sectorial emitían un comunicado muy duro contra la Consejería.
Desde el Gobierno andaluz han sido muy triunfalistas con la estabilización de estos sanitarios. El mismo Juanma Moreno aseguraba en sus redes que Andalucía "aprueba ampliar en 2.382 profesionales la plantilla de su Sanidad Pública, la mayoría destinados a reforzar la Atención Primaria. Damos así un nuevo paso adelante en la estabilización de una plantilla récord. Hoy contamos con 25.000 sanitarios más que en 2018".
Estos trabajadores contarán ya con presupuesto propio en los próximos años y dejarán de ser considerados parte del "refuerzo covid" que comenzó con 20.000 profesionales. La Junta señala que esos 20.000 profesionales no se pudieron renovar en su totalidad porque el Gobierno de España no prolongó los fondos extraordinario y las comunidades tuvieron que integrarlos "a pulmón".
En cualquier caso, la decisión de la Junta de Andalucía supone que 5.000 de esos 7.000 contratos eventuales no continuarán a partir del mes de septiembre. Catalina García ha sido tajante en este sentido explicando que no se renuevan las personas, sino los contratos a partir de los datos que haya en la bolsa del SAS. La estabilización de 2.382 supondrá un coste de 142 millones de euros para la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la situación no convence a los sindicatos que están presente en la mesa sectorial. Al menos no a la gran mayoría de ellos. Este órgano, donde se negocia directamente con la Consejería de Salud, está compuesto por el Sindicato Médico, Satse, CSIF, CCOO y UGT. Estos cuatro últimos han roto las relaciones con la Consejería este mismo martes al levantarse de la mesa.
Estas cuatro organizaciones sindicales han tomado esta decisión para mostrar su rechazo a la falta de negociación por parte de la Junta. Todos estos sindicatos aseguran que el personal que se calificó como refuerzo covid realiza labores estructurales en la sanidad andaluza.
En este sentido, también denuncian que las renovaciones no han sido negociadas. "Las cuatro organizaciones sindicales están para negociar y mejorar las condiciones laborales y asistenciales del conjunto de los profesionales del SAS y no para ser informados a través de la prensa de la política de contratación que lleva a cabo el Gobierno de la Junta de Andalucía".
"Lo que comenzó siendo alrededor 20.000 eventuales, pasaron a 12.000, ahora son 7.000 y van a quedarse en 2.177, lo que representa una gran pérdida de recursos humanos y significarán una perdida de calidad asistencial, cierre de servicios, centros, aumentos de listas de espera y una mayor carga asistencial para los profesionales ya de por si agotados y cansados", critican. Este mismo miércoles tendrán lugar las primeras movilizaciones en las ocho provincias andaluzas para mostrar el descontento.
La consejera, por su parte, ha evitado hace valoraciones sobre la situación vivida en la mesa sectorial y ha insistido en defender que en su seno se han producido importantes acuerdos en beneficio de los profesionales y que ahí es donde se debe seguir dialogando.
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